JUSTICIA SALARIAL PARA QUIENES SOSTIENEN EL SISTEMA EDUCATIVO

Columnas miércoles 17 de diciembre de 2025 -

El anuncio de un aumento del 13 % al salario mínimo para 2026 ha sido presentado, como un avance en la recuperación del poder adquisitivo de millones de trabajadores. Nadie discute que se trata de una medida justa y necesaria. Lo que sí, debe discutirse es algo más profundo: la coherencia del Estado que deberá tener, cuando se trate de reconocer a quienes sostienen la educación pública.

Si el salario mínimo crece 13%, ese porcentaje no es una cifra cualquiera; es una referencia de justicia básica. Representa el reconocimiento oficial de que el costo de la vida aumenta y de que los ingresos deben ajustarse para no condenar a los trabajadores a una pérdida silenciosa de bienestar. Bajo esa lógica, ningún trabajador del Estado debería recibir un incremento menor, y menos aún quienes cumplen una función estratégica como las maestras, los maestros y el personal administrativo de las escuelas.

En ese contexto, el posicionamiento del secretario general del SNTE, maestro y senador Alfonso Cepeda Salas, ha sido claro y consistente: el incremento salarial del magisterio en 2026, debe estar por encima de la inflación y no puede ser inferior al aumento del salario mínimo. No se trata de una exigencia desmedida, sino de una lógica elemental de justicia laboral. Si el salario mínimo marca el piso de protección para las y los trabajadores, el salario docente no puede colocarse por debajo de ese estándar.

Cepeda Salas ha insistido en que el aumento salarial no debe verse como un gasto, sino como una inversión estratégica en el sistema educativo nacional. Y tiene razón. Durante años, el magisterio ha sostenido la educación pública en condiciones cada vez más complejas: más responsabilidades, más carga administrativa, más exigencias pedagógicas y, con salarios que “a pesar de los avances logrados en los últimos años, todavía hay una deuda con los docentes”.

La justicia salarial no es solo empatar porcentajes. El magisterio es un cuerpo profesional, por ello, un aumento apenas equivalente al salario mínimo es el piso, no la meta. Si de verdad se quiere dignificar la educación, los salarios docentes deberían crecer por encima de ese 13%, como reconocimiento a su función social.

En el caso del personal administrativo escolar, muchas veces invisible pero absolutamente indispensable, el argumento es igual de claro: no pueden ser el eslabón olvidado de la política educativa. Garantizarles un incremento al menos equivalente al salario mínimo es una condición mínima de equidad laboral y de funcionamiento institucional.

Por eso, un incremento equivalente al 13% sería apenas el mínimo indispensable, el punto de partida para no perder poder adquisitivo. Pero si se quiere hablar con seriedad de dignificación del magisterio, el aumento debe ser mayor. De lo contrario, el mensaje sería contradictorio: se reconoce la importancia de la educación en el discurso, pero se limita su valoración en el presupuesto.

El planteamiento del dirigente sindical también apunta a una realidad que no puede ignorarse: la educación no se fortalece con salarios rezagados. No hay transformación, ni calidad educativa posible, si a quienes sostienen nuestro sistema educativo, en todos sus niveles, no se les reconoce y fortalece económicamente.

Si el salario mínimo sube 13 %, ese porcentaje debe ser el piso para todo el sector educativo, y no el techo. Lo ha dicho Alfonso Cepeda Salas y lo confirman los hechos: no puede haber justicia social sin justicia salarial, y no puede haber futuro educativo sin dignidad para quienes lo construyen todos los días en las aulas.

Si el salario mínimo marca el rumbo de la política laboral, entonces el sector educativo debe caminar al frente, no quedarse atrás. Si el Estado dignifica el salario de sus maestras, maestros y trabajadores de apoyo y asistencia a la educación, no solo hace justicia laboral: cumple con México, invierte en su futuro.

DRA. ROSALIA ZEFERINO SALGADO

Asesora en Comunicación Estratégica e Imagen Pública

Integrante de la Red de Mujeres por la Educación (MuxED)