El Colectivo 41 de jueces y magistrados expresó su preocupación por la reciente cancelación de la orden de aprehensión contra Miguel Ángel Yunes Márquez, senador del Partido Acción Nacional (PAN). La decisión se anunció poco antes de la votación de la reforma judicial, en la cual el legislador fue clave para alcanzar la mayoría requerida.
El magistrado Juan José Olvera López, en representación del colectivo, destacó durante una conferencia que, aunque no es ilegal retirar una orden de aprehensión, resulta preocupante que la Fiscalía General de la República (FGR) haya solicitado la cancelación en un momento políticamente estratégico. “Es necesario reflexionar por qué la fiscalía decide pedir una orden y, posteriormente, cancelarla. En este caso, surge la interrogante de si la decisión está vinculada al apoyo político del senador a la reforma judicial”, comentó.
La orden de aprehensión contra Yunes Márquez estaba relacionada con acusaciones de uso de documentos falsos, falsedad ante la autoridad y fraude procesal, supuestamente cometidos durante su gestión como alcalde de Boca del Río, Veracruz. Además, la solicitud de extradición en su contra también fue retirada por la FGR.
El magistrado Olvera López enfatizó que las decisiones de cancelar órdenes de captura deben analizarse con rigor para evitar afectar la percepción pública de imparcialidad en el sistema judicial. Señaló que estas acciones generan cuestionamientos sobre la independencia de las instituciones judiciales, especialmente en un contexto donde decisiones similares han sido criticadas como señales de influencias externas sobre el Poder Judicial.