La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed) anunció este jueves que llevará a cabo una consulta entre más de 1,700 jueces y magistrados federales para definir su postura frente a la orden del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) de reiniciar actividades. La consulta tendrá lugar el viernes 18 de octubre, luego de que el CJF indicara que todas las labores deben reanudarse en los tribunales y juzgados del país en sus horarios habituales.
En un comunicado, la Jufed expresó su inconformidad, señalando que la decisión del CJF no consideró las peticiones del gremio, que había mantenido mesas de diálogo en el contexto de las protestas en rechazo a la reciente reforma judicial. Esta reforma modifica el proceso de elección de jueces, magistrados y ministros, lo que ha generado una fuerte oposición dentro del Poder Judicial.
"Rechazamos que los titulares de los órganos jurisdiccionales sean los encargados de reportar quiénes no asisten a laborar, cuando la solidaridad entre titulares y trabajadores ha sido fundamental en esta lucha por preservar la carrera judicial y la independencia del Poder Judicial", subrayó la Jufed. La molestia surge luego de que el CJF indicara que los jueces y magistrados deberán llevar un control de la asistencia de sus empleados durante la reanudación de actividades.
El CJF aclaró que la decisión de reanudar labores tiene como objetivo prevenir cualquier tipo de responsabilidad laboral o legal que pueda recaer sobre los trabajadores del Poder Judicial. Además, argumentó que las manifestaciones de los empleados judiciales no están respaldadas por el derecho burocrático.
El paro de labores, que inició el 20 de agosto, buscaba presionar al Congreso de la Unión para frenar la reforma judicial, aprobada y promulgada por el presidente Andrés Manuel López Obrador el 15 de septiembre, a pesar de contar con una suspensión provisional. Desde entonces, los trabajadores del Poder Judicial han llevado a cabo diversas movilizaciones, tanto en la Suprema Corte de Justicia como en otras instituciones y puntos estratégicos del país, exigiendo la revocación de la reforma.