La escuela también necesita protección

Columnas miércoles 09 de septiembre de 2026 -

Durante mucho tiempo, hablar de violencia escolar parecía conducir inevitablemente a una misma escena: estudiantes agrediendo a otros estudiantes. Esa mirada, aunque reconoce una parte del problema, se ha quedado corta frente a una realidad que ha ido adquiriendo nuevas dimensiones. Hoy, la violencia puede tener distintos rostros, distintas víctimas y también distintos responsables.

En ese escenario, la iniciativa presentada por el senador y maestro Alfonso Cepeda Salas, que pretende ofrecer una respuesta legislativa integral a la violencia en el entorno escolar, representa un intento por colocar en la discusión pública una pregunta que durante demasiado tiempo ha permanecido en segundo plano: ¿quién protege a quienes todos los días tienen la responsabilidad de educar, cuidar y conducir una comunidad escolar?

Porque en una escuela no solamente puede ser víctima una niña, un niño o un adolescente. También puede serlo una maestra frente a un entorno cada vez más complejo, un maestro que enfrenta una agresión, una directora o director sometido a amenazas, o una madre y un padre que se ven involucrados en conflictos que terminan rebasando los límites de la convivencia.

La aportación de la iniciativa está precisamente en ampliar el concepto de violencia escolar. No la mira como un episodio aislado ni como un problema exclusivo de conducta entre estudiantes, sino como un fenómeno que puede alterar profundamente la vida de toda una comunidad educativa.

Y aquí aparece un elemento que vale la pena subrayar: la propuesta no surge de la nada, Alfonso Cepeda Salas ha insistido, desde distintos espacios y momentos, en que la escuela debe ser un territorio de convivencia, respeto y paz. Desde su responsabilidad como Secretario General del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), ha impulsado acciones orientadas a fortalecer la cultura de paz y ha advertido que los problemas de seguridad y violencia también alcanzan a quienes trabajan en las escuelas.

Esa trayectoria permite interpretar su iniciativa legislativa como parte de una misma preocupación, ahora trasladada al terreno parlamentario: si queremos transformar la educación, también tenemos que proteger a quienes hacen posible esa transformación.

La discusión resulta especialmente pertinente en una época en la que a la escuela se le han ido acumulando responsabilidades. Se le pide enseñar, formar ciudadanos, prevenir adicciones, detectar violencia familiar, atender problemas emocionales, promover inclusión, resolver conflictos y, en muchos casos, enfrentar situaciones sociales que desbordan sus capacidades.

Pero no puede exigirse todo a la escuela si al mismo tiempo no se construyen condiciones para que pueda cumplir su tarea.

Ya que si algo debemos reconocer y que durante años ha sido incómodo decir: La defensa de los derechos de los estudiantes no puede construirse a costa de vulnerar los derechos de quienes los educan. Una escuela verdaderamente segura debe proteger a todos: estudiantes, docentes, directivos y familias, ya que una comunidad educativa verdaderamente humanista debe ser capaz de proteger a todas y todos.

En ese sentido, la iniciativa de Cepeda Salas dialoga con una concepción de escuela que no puede limitarse a transmitir conocimientos, porque también es un espacio donde se aprende a convivir, a reconocer al otro, a resolver diferencias y a entender que ningún conflicto justifica la violencia.

Por eso, el debate legislativo que abre esta propuesta merece ser tomado con seriedad. No solamente por lo que propone se incorpore a la ley, sino por la oportunidad de discutir qué tipo de escuelas queremos construir.

En última instancia, combatir la violencia escolar también es defender la educación pública. Y defender a las maestras y los maestros no significa colocarlos por encima de los estudiantes; significa reconocer que nadie puede educar adecuadamente cuando trabaja bajo amenaza, intimidación o desprotección.

La iniciativa de Alfonso Cepeda Salas puede entenderse, entonces, como algo más que una propuesta legislativa: como una llamada de atención sobre la necesidad de recuperar la escuela como un espacio de conocimiento, encuentro y de paz.

Porque si la violencia logra instalarse en las aulas, en los patios, en las reuniones con familias o en las relaciones entre quienes integran la comunidad educativa, el problema ya no pertenece únicamente a quien fue agredido. Nos concierne a todos.

Y quizá el verdadero desafío no sea solamente preguntarnos cómo sancionar la violencia cuando ocurre, sino qué estamos haciendo para que la paz, el respeto y la dignidad vuelvan a ser parte natural de la vida cotidiana en nuestras escuelas.

Dra. Rosalía Zeferino Salgado

Asesora en Comunicación Estratégica e Imagen Pública

Integrante de la Red de Mujeres por la Educación (MUxED)