El informe y la política social mexicana

Columnas miércoles 09 de septiembre de 2026 -

El Segundo Informe de Gobierno del Poder Ejecutivo Federal contiene datos que permiten confirmar la tesis de que la política social de la 4T tiene una raigambre profundamente neoliberal, con graves consecuencias para la garantía plena de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales reconocidos en la Constitución.

Hay datos incontrovertibles. Entre los más relevantes se encuentra la reducción del número y porcentaje de personas consideradas en situación de pobreza, de acuerdo con la medición oficial que realizaba el CONEVAL y que ahora corresponde legal y constitucionalmente al INEGI. Sin embargo, debe subrayarse que uno de los principales factores que explican esa reducción es el incremento del salario mínimo y la consecuente recuperación de su poder adquisitivo.

Hay aquí, sin embargo, una distinción relevante: la política de fijación de los salarios mínimos la establece el gobierno de la República, pero el ingreso que reciben las y los trabajadores es pagado por los empleadores. Por ello, sus efectos sobre la pobreza no pueden equipararse a los producidos por una política social financiada directamente mediante recursos públicos.

Desde los gobiernos priistas y panistas, el objetivo general de la política social fue combatir y reducir la pobreza; eso no ha cambiado con los gobiernos de Morena. La diferencia sustancial es que estos últimos han conseguido resultados importantes en ese indicador, en buena medida porque el ingreso tiene un peso decisivo en la medición multidimensional de la pobreza. Una elevación significativa de los ingresos laborales produce, en consecuencia, una reducción relevante del número de personas clasificadas estadísticamente como pobres.

Desde esta perspectiva, el gobierno puede atribuirse políticamente una disminución masiva de la pobreza, mientras una parte de esa misma población enfrenta una mayor desprotección social en general; siendo quizá los casos más graves, los de una enfermedad crónica o que pone en riesgo inmediato la vida. Siguiendo con este ejemplo, el indicador agregado de pobreza puede convertirse en un distractor frente a la crisis del sistema de salud.

Los propios datos del Segundo Informe muestran estancamientos o retrocesos en indicadores como la razón de mortalidad materna, la mortalidad infantil, la mortalidad de menores de cinco años por enfermedades diarreicas y respiratorias.

Las transferencias directas e incondicionadas de dinero pueden generar entonces un espejismo: el incremento del ingreso disponible se interpreta como mejoramiento general del bienestar, bajo el supuesto de que el acceso al mercado permite resolver necesidades que deberían estar protegidas mediante derechos y servicios públicos. El problema aparece cuando el ingreso monetario debe sustituir aquello que el Estado deja de garantizar.

Ahí se encuentra la contradicción central de la política social vigente: puede reducir estadísticamente la pobreza y, simultáneamente, debilitar las condiciones institucionales necesarias para ejercer derechos. Una política social centrada en transferir ingreso sin reconstruir capacidades públicas convierte al ciudadano en consumidor de satisfactores que debería recibir como titular de derechos. Su éxito no puede medirse únicamente por cuántas personas cruzan una línea estadística de pobreza, sino por cuántas pueden enfermar, envejecer, estudiar, alimentarse y vivir dignamente sin depender de su capacidad individual de compra.

Investigador del PUED-UNAM