Un juez de control decretó prisión preventiva de oficio en contra del alcalde de Juchitán de Zaragoza, Miguel Sánchez Altamirano, procesado por extorsión agravada y delitos contra la seguridad del estado, tras ser señalado como presunto cabecilla de una red ilícita vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación.
La medida cautelar fue impuesta en un centro federal de máxima seguridad durante una audiencia inicial celebrada a distancia, en la cual las autoridades judiciales validaron la legalidad del arresto realizado por corporaciones federales. Una determinación similar se aplicó a su presunto colaborador, Carlos Alberto de la Paz, mientras la defensa jurídica de los imputados solicitó la duplicidad del término constitucional para definir su vinculación a proceso la siguiente semana.
Frente al arresto del munícipe de filiación morenista y la detención simultánea de mandos de la policía local, el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, requirió formalmente al Poder Legislativo de la entidad la declaración de desaparición de poderes en el ayuntamiento de Juchitán. La iniciativa gubernamental busca instaurar un mando provisional designado por el Ejecutivo para asegurar la gobernabilidad y el control operativo de la seguridad en la región del Istmo de Tehuantepec.
El proceso contra el funcionario público se suma a la toma de instalaciones policiales municipales por parte de las fuerzas armadas, luego de que las ausencias de las autoridades edilicias suplentes agravaran la crisis institucional en dicha localidad.