Ante los desafíos que plantea la inteligencia artificial para las personas juzgadoras, vale la pena conocer y reflexionar cómo el Poder Judicial comienza a construir criterios en torno a su aplicación. Es así que, el criterio judicial identificado con el número de registro digital 2031010, publicado en el Semanario Judicial de la Federación el 22 de agosto de 2025, que corresponde a una tesis en materia constitucional y común, constituye un referente que vale la pena analizar en el contexto de la transformación digital de la justicia mexicana. En este criterio, un Tribunal Colegiado de Circuito determinó que el uso de herramientas de inteligencia artificial en procesos jurisdiccionales debe observar ciertos elementos mínimos para garantizar un manejo ético y responsable desde la perspectiva de los derechos humanos.
La tesis destaca cuatro pautas principales que deben orientar su implementación: la proporcionalidad e inocuidad, para que el uso de la inteligencia artificial se limite a lo estrictamente necesario en cada caso; la protección de datos personales, como salvaguarda frente a posibles vulneraciones de la privacidad; la transparencia y explicabilidad, que exige que los algoritmos no funcionen como cajas negras y que sus resultados sean comprensibles; y la supervisión humana y desiciones humanes, para que las decisiones finales sigan estando en manos de juezas y jueces, sin ceder la función jurisdiccional a sistemas automatizados. No se trata de sustituir al criterio judicial, sino de contar con un auxiliar sujeto a control y deliberación.
Está tesis, además de apoyarse en las Directrices éticas para una IA fiable del Grupo de Expertos de Alto Nivel de la Comisión Europea y en la Recomendación sobre la Ética de la IA de la UNESCO, ésta refiere al Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre inteligencia artificial (Reglamento (UE) 2024/1689, “Ley de IA”) como referente comparado.
La implementación en el ámbito legal avanza y nos encontramos en un debate regional y global donde el uso de la inteligencia artificial en la administración pública ya es una realidad. El informe EL PACCTO 2.0: Inteligencia Artificial y Crimen Organizado (2024), elaborado por Expertise France y la Fundación Internacional para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas, muestra que esta tecnología puede fortalecer la transparencia gubernamental, apoyar la supervisión fiscal y potenciar los sistemas de seguridad. Pero también advierte de riesgos como los sesgos algorítmicos, la opacidad en la toma de decisiones y las vulnerabilidades cibernéticas. Por otro lado, el Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial 2024 (ILIA) ubica a México en la sexta posición regional en materia de gobernanza de IA, lo que refleja avances, pero también el reto de escalar hacia un liderazgo que articule a poderes públicos, academia, sector privado y sociedad civil.
En este panorama, el criterio del Poder Judicial es un punto para delinear un camino de implementación. El reto no radica solo en incorporar nuevas herramientas, sino en hacerlo bajo un marco que preserve la centralidad de la persona y el respeto a sus derechos. México tiene ante sí la posibilidad de convertirse en referente regional si logra que la innovación tecnológica se traduzca en mayor legitimidad democrática y en un acceso a la justicia más eficiente, transparente y humano.
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