LÍNEA 13.

Columnas viernes 21 de febrero de 2025 -

El caso Fátima y sus efectos

El caso de bullying detectado en una escuela secundaria de la alcaldía Iztapalapa, puso a trabajar a los diputados locales, especialmente a la legisladora de Morena, Miriam Cruz, quien propuso que se realicen talleres para jóvenes y padres de familia en los que se enseñe a detectar esta problemática, atenderla y evitarla en las escuelas. También solicita a la Secretaría de Educación Pública (SEP) modifique los lineamientos para el protocolo de erradicación del acoso escolar en educación básica. No se oye mal la iniciativa; sin embargo, se ve difícil que se lleven a cabo las modificaciones porque representaría a Morena aceptar que se equivocó en los protocolos las escuelas en CDMX.

A unir esfuerzos contra la inseguridad

Las áreas de seguridad de los alcaldes que se han reunido con el gabinete de seguridad del gobierno capitalino han salido con una impresión muy grata, por la forma en que están analizando en las mesas la comisión de los delitos en la capital del país, pero sobre todo porque la jefa de Gobierno, Clara Brugada, comentan, ha manifestado abiertamente la necesidad de trabajar de manera conjunta, independientemente del olor en la capital. Pues lo que importa es dar los resultados para disminuir la incidencia delictiva que, en el último trimestre, el de la administración de Clara Brugada. Sólo espera la ciudadanía que se tengan pronto resultados, pues en muchas alcaldías los resultados fueron más que preocupantes en materia de inseguridad.

En defensa de la propiedad privada

A final del camino, la diputada local de Morena, Valentina Batres, no logró revertir los señalamientos de los panistas sobre la obligatoriedad de que los propietarios de inmuebles con un valor a los 4.5 millones de pesos tengan que reportar al gobierno qué están haciendo con dicha casa, si la rentan, la tienen como bodega o la habitan, entre otras posibilidades. La legisladora lo único que pudo explicar bien es que son muy pocas viviendas con valor catastral que superan dicho monto, alrededor, según ella, de 75 mil de más de 4.5 millones que existen en la capital. Lo cierto es que al final el propietario sí tendrá que rendir dicho informe que representa una arbitrariedad y va contra la propiedad privada.