La Elección Judicial Bajo el Escrutinio Internacional: Un Golpe a la Independencia y la Democracia

Las elecciones judiciales celebradas en México el 1 de junio de 2025 marcaron un hito sin precedentes en la historia del país, al ser la primera ocasión en que la ciudadanía votó directamente para elegir a jueces, magistrados y ministros, así como autoridades jurisdiccionales estatales. Este proceso fue el resultado de una reforma constitucional impulsada en 2024, que, según el gobierno, buscaba democratizar el Poder Judicial y erradicar la corrupción.

Sin embargo, desde su concepción, esta iniciativa ha generado una profunda y creciente preocupación en la comunidad internacional, que la percibe como una amenaza directa a la independencia judicial y al delicado equilibrio de poderes. La opinión global ha emitido un veredicto severo, cuestionando la legitimidad y las verdaderas intenciones detrás de este ejercicio electoral.

La contradicción entre el objetivo declarado de "democratizar la justicia" y la percepción internacional de "politizar el poder judicial" es notable. Mientras el partido gobernante, Morena, y la administración saliente defendieron la reforma como un avance en la lucha contra la corrupción y un paso hacia una justicia más cercana al pueblo; observadores y expertos internacionales la interpretaron como un intento de socavar la independencia judicial y consolidar el poder ejecutivo.

La jornada electoral del 1 de junio de 2025 se caracterizó por una participación ciudadana alarmantemente baja, alcanzando apenas el 13% de los votantes elegibles. Esta cifra contrasta drásticamente con el 60% de participación registrado en las elecciones generales del año anterior, lo que socava cualquier pretensión de un mandato popular robusto para la reforma judicial. El conteo de votos, con más del 98% escrutado, reveló que la abrumadora mayoría de los candidatos elegidos fueron propuestos por el partido gobernante, Morena. Esto incluye a los nueve miembros de la Suprema Corte, donde el abogado Hugo Aguilar, el candidato más votado, se perfila como el próximo presidente.

Muchos de los nuevos jueces tienen fuertes lazos o alineaciones ideológicas con Morena, incluyendo las exministras designadas por el expresidente López Obrador o asesores del partido. Esta victoria aplastante ha transformado una Suprema Corte que antes era relativamente equilibrada en un órgano dominado por el partido en el poder.

La baja participación ciudadana es un indicador crítico de ilegitimidad, no de éxito. Una participación tan significativamente menor que la de las elecciones generales sugiere una indiferencia pública generalizada, confusión, o incluso un rechazo tácito al proceso.

Expertos y críticos internacionales, como los citados por AP y Human Rights Watch, habían advertido que la reforma buscaba precisamente apilar las cortes a favor de Morena, eliminando el contrapeso que el Poder Judicial representaba para el Ejecutivo. La nueva Corte, además, verá reducido el número de sus miembros de 11 a 9, sus mandatos de 15 a 12 años, y perderá control sobre su presupuesto, limitando aún más su poder para tomar decisiones con efectos generales. La ausencia de un poder judicial independiente elimina una salvaguarda institucional crucial, allanando el camino para una mayor consolidación del poder y socavando el estado de derecho.

La Organización de Estados Americanos (OEA) desplegó una Misión de Observación Electoral (MOE/OEA) compuesta por 16 expertos de 10 nacionalidades, que llegó a México a partir del 24 de mayo de 2025. Su propósito era analizar diversos aspectos de los comicios, incluyendo la organización electoral, la tecnología, el proceso de evaluación y selección de candidaturas, la justicia electoral y la participación de las mujeres. El informe preliminar de esta misión, publicado el 6 de junio de 2025, constituye una pieza central de la crítica internacional.

La MOE/OEA constató que, si bien la jornada electoral transcurrió en un ambiente de tranquilidad general, se registraron "incidentes aislados". Entre las deficiencias operativas observadas se incluyen retrasos significativos en la apertura de casillas, con solo el 41.73% instaladas a las 9:00 AM. Además, en varios centros de votación se tuvo que solicitar la incorporación de ciudadanos de la fila para permitir la apertura de las mesas, lo que subraya una falta de preparación o compromiso cívico en la organización.

La Misión también señaló la falta de facilidades para el acceso y la movilidad de personas con discapacidad en algunas casillas, y la ausencia de un mecanismo que garantizara el voto autónomo de personas con discapacidad visual, obligándolas a depender de terceros para ejercer su derecho al voto. Estas deficiencias operativas, aunque puedan parecer menores, en el contexto de una elección "sin precedentes" implementada rápidamente, sugieren un proceso mal preparado, donde el enfoque estuvo menos en una administración electoral robusta y más en impulsar una reforma políticamente motivada.

Más allá de las fallas operativas, la crítica más contundente de la OEA se centró en la esencia misma del modelo implementado. El informe preliminar de la OEA criticó explícitamente la baja participación y, de manera crucial, "recomendó no replicar la consulta". Esta recomendación es un rechazo inequívoco al modelo de elección popular de jueces implementado por México, sugiriendo que es fundamentalmente defectuoso o inapropiado para garantizar la independencia judicial.

Una recomendación de "no replicar" un modelo es mucho más que una lista de fallas operativas; implica un problema sistémico fundamental con la elección popular de jueces, sugiriendo que este mecanismo, independientemente de su ejecución, es inherentemente perjudicial para la independencia judicial y el estado de derecho. Esto representa una condena severa, indicando que la OEA considera el enfoque de México un paso en falso en la gobernanza democrática que no debe ser emulado por otras naciones.

La preocupación por la reforma judicial en México no se limita a la OEA. Desde antes de las elecciones, una amplia gama de expertos internacionales, organizaciones de derechos humanos y centros de pensamiento habían emitido serias advertencias. Human RightsWatch, por ejemplo, señaló que la enmienda constitucional que exige la elección popular de jueces "probablemente debilitará la independencia judicial y socavará el derecho a un juicio justo".

Diversos análisis, como los de Agenda Estado de Derecho, el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS) y el Wilson Center, han destacado los "riesgos de politización en la elección de jueces" y el peligro de que los jueces "se alineen con intereses contrarios a los derechos humanos". Se ha advertido sobre la posibilidad de que personas "sin experiencia lleguen a los cargos" , lo que podría generar una "gran disrupción en el poder judicial" y una "enorme necesidad de ayudar a los nuevos jueces mexicanos —incluidos muchos con muy poca experiencia— a desarrollar sus habilidades".

Finalmente, el United States Institute of Peace ha reconocido que la "fortaleza e independencia del Poder Judicial en México tienen implicaciones de seguridad nacional para Estados Unidos y que tal proceso electoral incidiría en la resiliencia democrática del país". Esto eleva la preocupación de un asunto interno a una cuestión de relevancia geopolítica, destacando cómo el debilitamiento de las instituciones democráticas en México puede tener repercusiones más allá de sus fronteras.

El consenso entre expertos y organizaciones internacionales es claro: esta reforma representa un intento deliberado de subordinar el Poder Judicial al Ejecutivo, eliminando un contrapeso esencial para la democracia. Esto trasciende la política interna y tiene implicaciones geopolíticas más amplias. México, al adoptar este modelo, no solo compromete la independencia de su propio sistema de justicia, sino que establece un precedente inquietante para la región, amenazando la resiliencia democrática y el estado de derecho en América Latina. Las consecuencias para la justicia y la estabilidad del país son imprevisibles. Para revertir todo esto, las elecciones del 2027 son fundamentales para debilitar el oficialismo dictatorial.