El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó una demanda civil contra CVS Pharmacy Inc. y sus subsidiarias, acusando a la cadena de farmacias más grande del país de violar la Ley de Sustancias Controladas (CSA, por sus siglas en inglés) y la Ley de Reclamos Falsos (FCA, por sus siglas en inglés). Según la denuncia, CVS habría dispensado recetas ilegales de sustancias controladas y solicitado reembolsos a programas federales de atención médica por dichas recetas.
Dicha demanda, presentada en Providence, Rhode Island, abarca presuntas acciones realizadas desde el 17 de octubre de 2013. Entre las acusaciones, el Departamento de Justicia señala que CVS llenó recetas de opioides y otros medicamentos controlados sin un propósito médico legítimo. Entre ellas, se incluyen recetas conocidas como "trinidad", una combinación de opioides, benzodiazepinas y relajantes musculares que, según las autoridades, es particularmente peligrosa.
Brian M. Boynton, fiscal general adjunto principal de la División Civil del Departamento de Justicia, declaró: "Nuestra denuncia alega que CVS rellenó repetidamente recetas de sustancias controladas que eran ilegales y presionó a sus farmacéuticos para que las llenaran sin tomarse el tiempo necesario para confirmar su validez".
También se alega que CVS habría trabajado con prescriptores identificados como participantes en "fábricas de píldoras", sitios donde se emiten grandes cantidades de recetas sin evaluaciones médicas adecuadas. Según la denuncia, CVS ignoró señales de advertencia de sus propios farmacéuticos y datos internos que apuntaban a la existencia de recetas ilegales.
Anne Milgram, administradora de la DEA, señaló: "Se alega que CVS ha distribuido grandes cantidades de medicamentos opioides altamente adictivos a personas que sabían que no los necesitaban por razones médicas".
El documento judicial también resalta que las políticas corporativas de CVS priorizaban métricas de rendimiento y ganancias sobre la seguridad de los pacientes. Entre los problemas señalados, se encuentra la falta de personal suficiente en las farmacias, lo que habría dificultado el cumplimiento de las obligaciones legales de los farmacéuticos.
Zachary A. Cunha, fiscal federal para el Distrito de Rhode Island, afirmó: "Esta demanda alega que CVS no ejerció su papel fundamental como guardián de los opioides recetados peligrosos y, en cambio, facilitó la proliferación ilegal de estos medicamentos altamente adictivos".
Esta demanda contempla sanciones civiles para CVS por cada receta dispensada en violación de la CSA, además de posibles daños triples y penalidades por los reembolsos realizados en violación de la FCA. El tribunal también podría ordenar medidas cautelares, incluyendo cambios en los programas de cumplimiento corporativo de CVS para evitar futuras infracciones.
Jessica D. Aber, fiscal federal para el Distrito Este de Virginia, expresó: "Cuando se destruyen o se pierden vidas debido al abuso de opioides, no importa si el proveedor es un distribuidor callejero, una fábrica de pastillas o una corporación nacional. Nuestras leyes sobre la distribución de opioides y otras sustancias controladas son claras y se aplican a todos".
Hillary Estright, exempleada de CVS, presentó inicialmente la demanda en 2019 bajo las disposiciones qui tam de la FCA, que permiten a particulares demandar en nombre del gobierno. Estas disposiciones también otorgan a los demandantes una parte de las posibles recuperaciones.
Con Información por Notipress
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