El 7 de febrero de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la Reforma Constitucional en materia de Transparencia, la cual, marcó un hito en la materia y de la que derivaron las leyes generales de transparencia en 2015, protección de datos personales en 2017 y archivos, en 2018.
En dicha reforma, se transformaría al entonces Instituto Federal de Acceso a la Información Pública por el de Instituto Nacional, un cambio no menor pues la reforma lo dotó de autonomía constitucional y extendió sus facultades, entre ellas la de interponer acciones y controversias constitucionales ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Estas semanas, el INAI ha cobrado relevancia, toda vez, que el pasado 1 de marzo, el Senado de la República, después de un largo proceso de selección, eligió a dos personas comisionadas.
Dichos nombramientos fueron objetados por el Presidente de la República, en uso de sus facultades conferidas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ahora el Senado tendrá la obligación de elegir nuevos perfiles. Ante esta situación el pleno INAI, aprobó presentar una Controversia Constitucional por actos de omisión del Senado para elegir a los comisionados. Cabe mencionar que, a partir del 1 de abril, el INAI quedará solo con 4 de los 7 comisionados.
Estos hechos, han sido utilizados por algunos críticos del Gobierno de México para crear una narrativa política de oposición, al mencionar que el presidente quiere “dinamitar al INAI y a la Transparencia”. No es de sorprenderse, el hecho que desconozcan el basto andamiaje jurídico en materia de transparencia y reduzcan la garantía de los derechos a una sola institución, e incluso a ciertas personas.
A continuación, enumeraré tres elementos de suma importancia, que garantizan el respeto a los derechos humanos de acceso a la información y protección de datos personales, es resaltar que todos los sujetos obligados tienen la obligación de promover, respetar, proteger estos derechos:
1. Todos los sujetos obligados cuentan con un comité de transparencia el cual es un órgano interno colegiado en el que se supervisa, vigila y coordina los procedimientos derivados del cumplimiento de las disposiciones de las leyes General y Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y demás ordenamientos derivados de éstas.
2. Todos los sujetos obligados cuentan con una Unidad de Transparencia, la cual es el vínculo entre el sujeto obligado y el particular. Dicha Unidad es la responsable del acceso a la información pública, además de ser la encargada de recibir y atender las solicitudes de información pública que se le formulen.
3. La Plataforma Nacional de Transparencia que es una herramienta virtual de fácil acceso en la cual se puede consultar información pública de todos los sujetos obligados del país, así como realizar solicitudes de información a cualquier ente público.
4. De acuerdo a la Ley General de Archivos, toda la información contenida en los documentos producidos, obtenidos, adquiridos, transformados o en posesión de los sujetos obligados, será pública y accesible a cualquier persona. Cada sujeto obligado tiene la obligación de clasificar, organizar y ordenar sus archivos.
Como se puede observar, todos los entes públicos del país deben de cumplir con los estándares establecidos en los marcos jurídicos: la protección del acceso a la información y la protección de datos personales es obligación de todos los sujetos obligados, no solo del INAI.
La elección de los comisionados ha puesto en marcha los mecanismos constitucionales de los tres poderes de gobierno, lo cual evidencia una clara división y autonomía de cada uno, contrario a la narrativa opositora que pretende infundir en la sociedad una visión de que se vive en el país de una sola persona.
Los próximos comisionados ciudadanos, tendrán la tarea de estar a la altura de las exigencias de la ciudadanía la cual exige resultados visibles y palpables; deberán implementar las políticas de austeridad en el instituto y, sobre todo, deberán acercar el instituto a la gente. La transformación esta próxima a llegar a todos los Organismos Autónomos Constitucionales, por más que haya algunos que se aferren a los lujos y al dispendio de los recursos emanados de las y los ciudadanos.
La transparencia está garantizada en todos los ámbitos y niveles de gobierno, no solo por mandato legal, también por la convicción de las personas que integramos la vida pública del país, quienes consideramos que no hay democracia sin transparencia.
Carlos Alonso Castillo Pérez. Diputado del Congreso de la Ciudad de México I Legislatura, Presidente de la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción, especialista en temas de transparencia y acceso a la información. @CCastilloPerez1
“Artículo Sexto” es una iniciativa de opinión de especialistas en materia de transparencia, acceso a la información, protección de datos personales, archivo y rendición de cuentas, promovida por Laura L. Enríquez (@lauraenriquezr). Las opiniones y voces de estos especialistas son a título personal, y su objetivo es promover la cultura de la transparencia en el país. ¡Hagamos lo que nos corresponde!