La importancia de la argumentación legislativa

La argumentación jurídica puede constituir una importante herramienta para mejorar la calidad de los procesos legislativos a nivel nacional y subnacional en nuestro país, ya que podría permitir a los legisladores fundamentar sus decisiones en bases sólidas y coherentes, con un adecuado uso de la metodología y la técnica, lo que sería de gran utilidad para garantizar la protección de los derechos de las personas.

Uno de los principales beneficios de la argumentación jurídica aplicada al proceso legislativo (o argumentación legislativa) es que permite a los legisladores analizar y evaluar las diferentes perspectivas y argumentos relacionados con un tema en particular. De esta forma, los legisladores pueden tomar decisiones mejor informadas y fundamentadas con base en la ley, la justicia y los principios democráticos.

Además, también puede ayudar a mejorar la claridad y precisión de las leyes. Mediante argumentos claros, sencillos y lógicos, los legisladores pueden evitar ambigüedades y contradicciones en la redacción de los textos normativos, lo que a podría facilitar su aplicación y cumplimiento.

Asimismo, la argumentación legislativa promueve la transparencia y la rendición de cuentas en los procesos legislativos. Presentando argumentos sólidos y coherentes, los legisladores pueden justificar sus decisiones ante la opinión pública y garantizar que sus acciones estén alineadas con los principios de la democracia y el estado de derecho.

Esta herramienta puede contribuir además, a la creación de leyes más justas e inclusivas. Al considerar diferentes perspectivas y argumentos, los legisladores pueden identificar y abordar las desigualdades y discriminación existentes en la sociedad, lo que puede ayudar a mejorar la calidad de vida de todas las personas.

No olvidemos que el derecho es un discurso reductor de opciones de conducta. Como tal, es una derivación del discurso político, y por lo tanto requiere del legislador una tarea científica y una adecuada metodología que permita transformar decisiones políticas, en normas coercibles.

La tarea del legislador debe contemplar conocimientos en epistemología, hermenéutica jurídica, deontología, axiología, lógica jurídica, interpretación y armonización normativa, y por supuesto, argumentación, para hacer de esa labor un ejercicio de carácter científico, que se apropie de todas las ventajas que han construido a lo largo de siglos la Ciencia del Derecho y otras disciplinas sociales. (Nunca más un divorcio entre la teoría y la práctica.)

Además, resultaría también de gran utilidad que los cuerpos legislativos construyan lineamientos de avanzada para legislar con lenguaje ciudadano y perspectiva de género, inclusión y derechos humanos.

Flor de Loto: Los órganos legislativos pueden utilizar la argumentación, la metodología jurídica y otras herramientas científicas, para identificar y definir un problema social relevante a resolver, investigar y recopilar información al respecto, analizar y evaluar la información, presentar argumentos sólidos y coherentes y defender su decisión ante la opinión pública y otros actores relevantes.