NO HAY CRISIS TECNICA EN INE

Columnas jueves 04 de junio de 2026 -

En el INE, el debate sobre nombramientos, atribuciones administrativas y “colegialidad” no es nuevo, este acompaña a Guadalupe Taddei prácticamente desde el primer día de su llegada a la presidencia del Instituto.

Durante meses, la consejera presidenta enfrentó resistencias internas para concretar nombramientos definitivos en la Junta General Ejecutiva, en medio de un bloque de consejerías que cuestionó sus decisiones y márgenes de actuación. El tema no era menor: detrás de la discusión jurídica siempre estuvo la disputa política por el control administrativo del Instituto.

Por eso llama la atención que hoy, cada vez que ocurre una renuncia, concluye un contrato de honorarios o hay movimientos de personal de confianza, resurge la narrativa de una supuesta “crisis técnica”.

Lo curioso es que advertencias similares ya se habían escuchado antes de la elección presidencial de 2024, particularmente, cuando hubo cambios en áreas estratégicas del Instituto. Sin embargo, pese a los pronósticos de debilitamiento operativo y pérdida de capacidad técnica, el INE terminó sacando adelante las elecciones del 2024 y organizó operativamente el proceso extraordinario de la elección judicial de 2025, considerado uno de los mayores desafíos técnicos, logísticos y políticos.

También ha llamado la atención el reposicionamiento de algunas consejerías. Particularmente el caso de Rita Bell López Vences, quien durante buena parte de esta administración fue vista como una voz cercana a varias de las posiciones impulsadas por la propia Taddei y que hoy aparece alineada con los cuestionamientos promovidos por el bloque más crítico de la presidencia.

A ello se suma: la circulación constante de anónimos, filtraciones y documentos apócrifos dirigidos contra integrantes del Instituto. El episodio más grave fue la difusión de escritos con firmas presuntamente falsificadas atribuidas a una consejera electoral, situación que derivó en denuncias formales ante la Fiscalía General de la República.

Las investigaciones no solo buscan esclarecer la falsificación de documentos y la posible comisión de delitos relacionados, sino también determinar el origen de los anónimos, las filtraciones y las campañas de desgaste que han circulado de manera recurrente en los últimos meses contra funcionarios y áreas estratégicas del Instituto. La pregunta de fondo es si se trata de hechos aislados o de una estrategia sistemática de desestabilización institucional.

Por eso dentro y fuera del INE empieza a tomar fuerza otra lectura: que detrás del ruido actual no solo existe preocupación administrativa, sino también una disputa política de largo aliento sobre control interno, poder, influencia y conducción del árbitro electoral mexicano.

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