Hace algunas semanas, y derivado del proyecto denominado “Fortalecimiento de las Capacidades de Prevención de la Corrupción en México”, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en México, impulsó la aplicación del “Mecanismo Nacional de Revisión entre Pares de la Aplicación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción en México”. Fueron tres los artículos analizados:
primero, en materia de contrataciones públicas y gestión de la hacienda pública; segundo, en materia de acceso a la información; y tercero, en materia de personas denunciantes de hechos de corrupción, con la participación de entidades de fiscalización superior, los órganos garantes de transparencia, los comités de participación ciudadana y las secretarías ejecutivas de los sistemas estatales anticorrupción.
Los resultados, por demás interesantes, particularmente en los esfuerzos de capacitación, y es que, para el Eje Gobernanza, de las 245 prácticas identificadas como buenas prácticas, solamente 7 fueron de capacitación: el 2.9%. Por su parte, para el Eje Gobernabilidad, se identificaron 5 de 133: el 3.8%. Demasiado bajo, desde mi punto de vista.
Pero puntualicemos esas buenas prácticas de capacitación:
1. La Biblioteca Virtual, del Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Consiste en un repositorio digital para los responsables de las unidades de transparencia de los sujetos obligados.
2. El Programa de Evaluación del Desempeño de los servidores públicos que integran el Instituto Estatal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Yucatán.
3. El uso de Estándares de Competencia Laboral para capacitar al personal de las unidades de transparencia y de archivos, también, del órgano garante yucateco.
4. El centro de capacitación a distancia del Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes.
5. Curso de capacitación continua sobre la aplicación de las disposiciones jurídicas a los diferentes procedimientos, de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche
6. Acompañamiento Municipal y Estatal respecto a los Informes sobre Recursos con capacitación a servidores públicos estatales y municipales, de la Auditoría Superior del Estado de Coahuila.
7. Capacitación a servidores públicos y sociedad civil en plataformas digitales y demás Tecnologías de Información y Comunicación (TICs), del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública.
8. El procedimiento certificado bajo la norma ISO 9001:2015: Procedimiento para gestionar el reclutamiento, la selección e inducción del personal y procedimiento para la capacitación de los servidores públicos, del Auditoría Superior del Estado de Guerrero.
9. Capacitación al personal del órgano garante, para promover la igualdad de género, también, del órgano garante jalisciense.
10. La Generación de información estadística sobre capacitaciones, de la Comisión de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Querétaro
11. El uso de la Plataforma “Integra2”, que recibió en donación el órgano garante de Querétaro.
12. El micrositio Interactúa, del Instituto Zacatecano de Transparencia Acceso a la Información y Protección de Datos Personales
Sin embargo, preciso hay que decir que, de ninguna manera podemos tomar dichos resultados como las mejores o las únicas.
La revisión es fundamental, y es lo que nos ayudaría a identificar puntos como el siguiente: el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México cuenta con un espacio y una oferta bastante interesante en materia de capacitación y de difusión de la cultura política democrática; Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco cuenta también con el CESIP en donde descansa buena parte de la capacitación a servidores públicos en la materia, y también, la socialización de la cultura de la transparencia y la protección de datos personales.
¿Por qué no fueron identificados bajo ese procedimiento y en las categorías revisadas? Quizá la respuesta no sea tan importante, porque podemos reconocer límites y alcances de cualquier proyecto si centramos la atención en el método utilizado. Lo importante, nuevamente, es que las prácticas destacadas, en el mayor número posible, no pasen desapercibidas.
Rigoberto Silva Robles es Colaborador de Integridad Ciudadana, A.C. (@Integridad_AC). Dr. en Ciencias Sociales por la Universidad de Guadalajara, miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Su cuenta de Twitter (@srrigoberto) (@Integridad_AC)