Línea 13.

Columnas viernes 09 de diciembre de 2022 -

CIRCUNSTANCIAS

La circunstancia parecía que la sesión ordinaria del Congreso de la Ciudad en la que se presentaría la iniciativa enviada por la Jefa de Gobierno para aplazar la Consulta del Programa General de Desarrollo sería cancelada por las múltiples marchas y bloqueos de los que fue objeto el Centro Histórico de la Capital del País. Sin embargo, mientras avanzaba el día un rumor que terminó por confirmarse, puso en duda si en realidad ya sabían que no habría condiciones políticas para las actividades de las y los diputados. El hecho que confirmaría la Fiscalía General de Justicia de la CDMX, era una orden de aprensión en contra del Coordinador de los diputados del PAN, Christian Von Roerich, situación que evidentemente, hizo que la sesión pasara a segundo plano.

INTERPRETACIONES POR DETENCIÓN

Desde el punto de vista del diputado Jorge Gaviño, si la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad detiene al diputado del PAN, Christian Von Roehrich, sin que antes se haya llevado a cabo un juicio político, su detención podría considerarse como ilegal, esto a pesar de las reformas legislativas que han determinado que en la CDMX, las y los diputados locales ya no cuentan con fuero. “Si un legislador comete un delito, la autoridad judicial debe notificar al Congreso local y allí se debe llevar a cabo un juicio político, y en el pleno determinar si procede suspenderlo de su cargo o inhabilitarlo”, detalló el legislador y precisó que sólo entonces las autoridades podrían detenerlo de lo contrario "la detención tendría visos de ilegalidad", precisó.

QUE SIEMPRE SI

El Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso de la Ciudad parece que si presentará una iniciativa para recortar las prerrogativas de los partidos políticos en la capital del país. Nos dicen que lo que se planteará será una nueva forma de asignación de recursos, que dependerá de la lista nominal de los partidos, además, de otros elementos vinculados a los votos obtenidos en las elecciones. La propuesta que será presentada la próxima semana considera reformar el artículo 27 de la Constitución de la CDMX en materia de financiamiento público a fin de disminuir en un 50% a los partidos políticos que logren obtener su registro, con ello se plantea una reducción de hasta 200 millones de pesos.