Los dueños de la política: lo que pudo ser en la reforma electoral

Columnas jueves 12 de marzo de 2026 -

La reforma electoral anunciada por el gobierno busca -al menos en el discurso- profundizar nuestra aún incipiente democracia. Sin embargo, otra vez se quedó corta porque los partidos —verdaderos dueños de la política en México— no quieren soltar sus privilegios. La normatividad es la cristalización del acuerdo entre los partidos políticos: son la única institución con presupuesto público asegurado desde la Constitución.

La magnitud del subsidio revela el problema. Sólo en 2025, el sistema de partidos en México tuvo garantizados más de 13 mil millones de pesos de presupuesto ordinario. No como resultado de su desempeño ni como premio a su eficacia. Ni siquiera por confianza ciudadana, sino como condición única de existencia. A ello se suma una constelación de partidos locales (al menos veintitrés). Partidos como el histórico PRD que perdió su registro nacional, aún recibe desde lo local más de 234 millones de pesos.

El histórico PAN más de 2 mil 271 millones de pesos, el PRI superó los 1 mil 763, o Morena con más de 4 mil 400. No hay empresa privada, iglesia ni universidad pública con ese nivel de certeza financiera, a pesar de la bajísima desconfianza de quien dicen representar.

La captura de la política no se limita al dinero. Los partidos controlan los procesos de designación de consejerías del INE (y a veces sus decisiones) y por ende de los Organismos Públicos Locales. En lugar de evaluaciones imparciales, las designaciones se convierten en negociaciones entre cúpulas; quienes participan en los nombramientos tienen intereses directos en juego y seleccionan perfiles funcionales que privilegian lo político sobre lo técnico.

La reforma no desmonta esta estructura, incluso los procedimientos aparentemente más sofisticados —exámenes, entrevistas, ensayos— terminan operando dentro de una estructura de incentivos que favorece la intervención de los actores y la captura política. Mientras el diseño institucional permita que actores con intereses en juego influyan en la decisión, la autonomía real de los cargos nombrados siempre estará en riesgo de ser subordinada a la lógica de la competencia política.

Una reforma democrática debería enfrentar estos incentivos. Se necesita una fiscalía electoral que investigue y sancione corrupción, mecanismos de nombramiento blindados contra la captura, descentralizar la función electoral para que los estados puedan innovar y fortalecer temas relevantes como la educación cívica para que la política deje de ser patrimonio de las élites. También conviene transitar al voto electrónico bajo estándares de seguridad para reducir costos como boletas, capacitación y el PREP, sustituidos por cómputos distritales oportunos, y obligar a debates más sustantivos y menos simulaciones. Si no se abre la puerta a la ciudadanía, seguirá siendo el mismo negocio de pocos: las y los dueños de la política.

@CarreraBarroso