Los estorbosos (y necesarios) institutos

Los institutos de transparencia y de protección de datos personales federal y local son en su mayoría organismos que mantienen un demostrable margen de autonomía frente a los demás Poderes, particularmente del Ejecutivo, en sus resoluciones y acciones de supervisión del cumplimiento de las leyes en esas materias, pero su capacidad de acción ha disminuido sustancialmente en los últimos años por las limitaciones presupuestarias.

La asignación de un presupuesto suficiente para que los organismos garantes del derecho a la información y la protección de datos personales cumplan con sus múltiples responsabilidades no parece ser un escenario garantizado con la actual conformación de la Cámara de Diputados y de las legislaturas locales dominadas por el partido del presidente.

Por ejemplo, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) obtuvo en 2018 un presupuesto récord de mil 98 millones de pesos, pero en 2019 se le asignaron 900 millones 151 mil pesos y para 2020 solo tuvo 877 millones de pesos. Para 2021 ha solicitado 918.7 millones de pesos, que representan un aumento de 4.7 por ciento respecto del año que está por terminar y estimando 3.5 por ciento de la inflación.

Aunque es una cantidad muy cercana a lo aprobado en 2019 se ve difícil que se los otorguen a juzgar por la retórica presidencial en contra de dichos institutos y por la escasa disposición de los legisladores de su partido a moderar o modificar sus iniciativas.

A nivel local tampoco se ve un panorama favorable para los 32 institutos de transparencia, cuyos presupuestos han sido por lo general muy limitados para la gran mayoría. Algunos han padecido tantas penurias que ni siquiera tienen servidores de internet propios para sus respectivos portales de obligaciones de transparencia. El Inai les ha dado ese soporte técnico y operativo. Otros suelen deber la renta de los inmuebles donde están sus sedes y pagan con frecuencia la nómina de sus escasos trabajadores de manera rezagada.

La retórica de la austeridad republicana ha sido el pretexto idóneo para limitar la actuación de organismos autónomos concebidos a lo largo de las últimas décadas para someter al control constitucional y vigilancia a quienes ejercen el gobierno desde las diferentes instancias del poder público. Está demostrado que a quienes ejercen el poder no les gusta ser controlados o limitados, pues tienden a querer ejercerlo sin revisión ni regulación. Los organismos autónomos les estorban, pues.

Por ello es que desde el Ejecutivo y el Legislativo, a nivel federal y local, se ha intentado someterlos por diversas vías, una de ellas es designando a sus incondicionales como sus titulares y otra es a través de sus presupuestos: cuantos menores recursos obtengan, menos capacidad tendrán para cumplir con sus responsabilidades de control y supervisión del poder. Y este escenario lo veremos en los siguientes días cuando se aprueben los presupuestos. Ojalá me equivoque.