El Poder Judicial de la Federación ha entrado en una nueva etapa institucional con la elección e instalación de las nuevas personas juzgadoras, lo que implica una nueva conformación del Pleno y la desaparición de las Salas. Este cambio implica un reto operativo, teórico y doctrinal de gran calado. En efecto, la transformación de su estructura orgánica obliga a replantear dinámicas de trabajo que garanticen continuidad, estabilidad y certeza en la impartición de justicia, sin que ello derive en sobresaltos que afecten la seguridad jurídica. La centralización de decisiones en un Pleno único exige mayor coordinación interna y el desarrollo de consensos sólidos que permitan mantener la calidad, objetividad e independencia de las resoluciones.
Al mismo tiempo, el Semanario Judicial de la Federación se encuentra en la antesala de una nueva época. La jurisprudencia que se emita a partir de ahora,deberá ser reflejo de un pensamiento de avanzada, capaz de interpretar la Constitución y las leyes conforme al marco convencional de derechos humanos que rige a México. La jurisprudencia no puede ser vista únicamente como despliegue de razonamiento técnico-jurídico, sino como un instrumento vivo que da contenido a la justicia constitucional y que materializa los principios de igualdad, imparcialidad y acceso expedito a la justicia. El desafío es lograr que la producción jurisprudencial se mantenga a la altura de las exigencias del país y de la comunidad internacional, y que no se convierta en una barrera técnica, sino en una herramienta que acerque el derecho a las personas.
Este proceso también alcanza a los poderes judiciales de los estados, varios de los cuales atraviesan procesos de renovación. En ellos, el mandato constitucional es claro: garantizar el acceso a la justicia de manera objetiva, imparcial y sin dilaciones indebidas. La implementación de nuevas estructuras y metodologías de trabajo debe traducirse en una justicia más cercana a la ciudadanía, que atienda la complejidad de los conflictos contemporáneos y que responda a la interseccionalidad de las vulneraciones de derechos. De lo contrario, la justicia local seguirá siendo percibida como distante, parcial o ineficaz, reproduciendo la desigualdad en el acceso a derechos.
La gran deuda del Estado mexicano con su pueblo es contar con un sistema de justicia eficaz. Los avances en la reconfiguración del Poder Judicial resultan significativos, pero si no se acompaña de una profunda reforma en el sistema de procuración de justicia, su impacto será limitado y efímero. Sin fiscalías eficientes, autónomas y profesionales, capaces de investigar y llevar casos sólidos ante los tribunales, cualquier esfuerzo del Poder Judicial se verá frustrado. La justicia no puede limitarse al enjuiciamiento: requiere que las víctimas encuentren verdad, reparación y garantías de no repetición.
En suma, el nuevo Poder Judicial enfrenta el reto de consolidarse como una institución garante del Estado constitucional de derecho. La oportunidad es histórica: lograr que la justicia deje de ser una promesa incumplida y se convierta en una realidad palpable para todas las personas. Solo así podrá saldarse una deuda histórica con la sociedad mexicana y fortalecer los cimientos democráticos del país.
Investigador del PUED-UNAM