Hace algunos meses, hablé sobre la Organización de los Estados Americanos, el Sistema Interamericano de protección de los Derechos Humanos y sus principales órganos (La Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos). No obstante, un tema quedó pendiente: el deficiente cumplimiento de México ante sentencias de la Corte Interamericana.
Recordemos que el 8 de diciembre de 1998, México aceptó la competencia de la Corte. Es decir, aceptó someterse voluntariamente a las resoluciones que este órgano emita.
Pese a esto, cuando México ha recibido recomendaciones de la Comisión o sentencias de la Corte, no ha cumplido cabalmente con ellas. Ya sea por hacerlo de manera muy lenta, no sancionar a quienes violaron derechos humanos o por indemnizar con cantidades muy bajas a las víctimas.
Casos como estos son, tristemente, muchos. Sin embargo, considero que analizar algunos de los más emblemáticos puede ser un ejercicio útil para vislumbrar la gravedad de este cumplimiento deficiente.
El caso “Campo Algodonero” se originó en Ciudad Juárez, Chihuahua, en donde muchas mujeres fueron reportadas como desaparecidas. Entre las cuales figuraban Laura Berenice Ramos, Claudia Ivette González y Esmeralda Herrera.
Lamentablemente, las tres mujeres fueron encontradas muertas con signos de violencia. Los familiares de las víctimas, tras haber interpuesto todos los recursos a su alcance y no conseguir que se sancionara a los responsables, finalmente acudieron a la Comisión Interamericana y posteriormente la Corte conoció del caso.
Al emitir su sentencia, la Corte encontró responsable al Estado mexicano de la violación de derechos humanos, lo condenó a llevar a cabo procedimientos penales para sancionar a los responsables y, finalmente estableció que México debía indemnizar a las familias de las víctimas.
En el “Caso Rosendo Cantú y otra Vs. México”, Valentina Rosendo estaba en un río cuando unos militares llegaron a interrogarla, cuando no les gustaron sus respuestas, fue golpeada y agredida sexualmente.
Tras denunciar los hechos ante el Ministerio Público de Ayutla de los Libres, en Guerrero, el asunto fue remitido por incompetencia al Ministerio Público Militar puesto que los inculpados eran militares.
Una vez agotadas todas las instancias, Valentina acudió a la Comisión Interamericana, que emitió un informe en el que acreditó la violación sufrida por Valentina y responsabilizó a México.
Al ser notificado, el Estado mexicano solicitó una prórroga para informar del caso, que le fue concedida. Vencido el plazo sin respuesta, la Comisión remitió el asunto a la Corte y esta resolvió que México era responsable por las violaciones a los derechos humanos de Valentina. De igual manera condenó al Estado a investigar al agente del Ministerio Público, a adoptar medidas legislativas e indemnizar a la víctima.
Hay otros dos casos importantes por mencionar, pero de esos hablaré el jueves.
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