En la Cumbre Internacional sobre Medio Ambiente, realizada en Río de Janeiro, Brasil del 3 al 14 de junio de 1992, surge la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo que reafirma la Declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano (del 16 de junio de 1972 en Estocolmo, Suecia). En ambas ya discutíamos el calentamiento global. México publica su Ley General de Cambio Climático hasta el 6 de junio de 2012.
Esta nueva Ley plantea compromisos puntuales para reducir y atenuar el calentamiento global. México asume la meta de reducir al año 2020 el 30 % de emisiones GEI con respecto a la línea de base; así como un 50 % de reducción de emisiones al 2050 en relación con las emitidas en el año 2000. Antes de que finalice el año 2013 se deberán integrar y publicar el atlas nacional de riesgo, los atlas estatales y locales de riesgo de los asentamientos humanos más vulnerables.
Las Entidades Federativas deberán publicar programas locales para enfrentar al cambio climático antes de que finalice el año 2013. Antes del 30 de noviembre de 2012, el gobierno federal deberá publicar el Programa de Ordenamiento Ecológico General del Territorio. La Comisión Nacional de Forestación diseñará acciones para transitar a una tasa de deforestación cero. Para el año 2018, los municipios, en coordinación con las Entidades Federativas construirán la infraestructura para el manejo de residuos sólidos urbanos que no emitan metano a la atmósfera en centros urbanos de más de 50 mil habitantes.
La Secretaría de Energía fijará como meta una participación mínima de energías limpias en la generación de energía eléctrica del 25 por ciento para el año 2018, del 30 por ciento para 2021 y del 35 por ciento para 2024.
Los compromisos del gobierno de Enrique Peña Nieto ofrecidos ante el Acuerdo de París, fueron de reducir GEI en un 22.0 % y de 51.0 % de reducción de carbono negro al 2030, no concuerdan con las metas de la Ley General de Cambio Climático. Las últimas dos administraciones federales no han asignado los recursos económicos ni la voluntad política para empezar a cumplir los objetivos de esta Ley. El nuevo gobierno federal a partir del año 2018 ha destinado 20,000 millones de dólares a construir una nueva refinería y un tren maya en lugar de destinarlos a las energías limpias.
*Carlos Alvarez Flores, Presidente de México, Comunicación y Ambiente, A.C. www.carlosalvarezflores.com y Twitter @calvarezflores