Claudia Bolaños
El ministro Alberto Pérez Dayán admitió a trámite siete controversias constitucionales que impugnan las reformas electorales a Ley General de Comunicación Social y la Ley General de Responsabilidades Administrativas, el llamado “Plan B”.
Las impugnaciones fueron promovidas por los municipios de Monclova, Sierra Mojada y Matamoros, de Coahuila; Naucalpan y Cuautitlán Izcalli, en el Estado de México, así como Guanajuato y Comonfort, en Guanajuato.
Sin embargo, y a diferencia de lo que pasó en el Estado de México y Coahuila, el ministro se negó a otorgar la suspensión solicitada a los municipios, al asegurar que combaten normas generales, y porque no se actualiza la excepción establecida por la Corte, consistente en que la suspensión puede otorgarse siempre y cuando impliquen o puedan provocar la transgresión irreversible de algún derecho humano.
Las quejas constitucionales justifican que las adiciones de los párrafos tercero y cuarto al artículo 26 de la Ley General de Comunicación Social, “generan una afectación directa en su autonomía presupuestaria en tanto que los Poderes Legislativo y Ejecutivo Federales se extralimitan o desbordan las facultades que tienen encomendadas constitucionalmente”.
También el Instituto Nacional Electoral (INE) y el municipio de Chihuahua, Chihuahua, interpusieron su recursos esta semana que terminó.
Ante las determinaciones del ministro Pérez Dayán, la semana pasada, el Ejecutivo federal, Andrés Manuel López Obrador, a través de su Consejería Jurídica, impugnó la decisión del ministro Alberto Pérez Dayán que suspende la aplicación el decreto que reforma las leyes generales de Comunicación Social y de Responsabilidades Administrativas en los estados de México y de Coahuila.
Se indicó que Dayan habría torcido la ley debido a su propios intereses.
Ante ello, la Consejería pidió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desconocer la resolución del ministro por significar "un fraude" a la Constitución.