Montadeudas: entre la ilegalidad y la impunidad

Columnas miércoles 08 de octubre de 2025 -

Las “montadeudas” son grupos de criminales que operan aplicaciones que ofrecen “microcréditos exprés” y, tras captar datos personales mediante permisos invasivos, inician esquemas de cobro con intereses abusivos, acoso y amenazas. Estas apps operan fuera del marco legal y utilizan la información para intimidar, con un patrón que incluye depósitos menores al prometido, plazos irrazonables y posterior extorsión digital.

Este fenómeno criminal debe entenderse, en sentido estricto, como delincuencia económica organizada digital que explota vacíos regulatorios y vulnerabilidades sociales. En realidad, el fin de estos criminales no es recuperar un crédito legítimo, sino extraer pagos mediante las amenazas y el miedo.

La ilegalidad que cometen es múltiple. Además de publicidad engañosa, hay tratamiento indebido de datos personales, suplantación de identidad, coacción y extorsión. La cobranza extrajudicial se convierte en delito cuando se amenaza a la víctima o a su círculo de contactos, cuando se difunden imágenes o mensajes sin consentimiento, o cuando se manipulan depósitos para simular deudas. Se trata de un ecosistema donde convergen delincuencia económica, violencia psicológica y control de la información, con alto rendimiento para los agresores.

La impunidad que permite su expansión obedece a tres fallas. Primera, la respuesta tecnológica es lenta: aunque se “retiren” o suprimen apps, reaparecen duplicadas en nuevas tiendas o dominios, y los contenidos circulan en redes y mensajería. Segunda, el diseño institucional deja a la autoridad con herramientas limitadas frente a prestamistas no registrados; muchas controversias salen de su ámbito y terminan en la vía penal, con carpetas dispersas y evidencia frágil. Tercera, falta una ventanilla única que articule, en tiempo real, a policía cibernética, fiscalías, reguladores, plataformas y sistemas de pagos para cortar con rapidez el ciclo delictivo.

El perfil victimológico se explica mayormente por la necesidad. Predominan entre ellas personas con urgencia de liquidez, jóvenes y mujeres con alta exposición digital, y con historial crediticio frágil, que ven en el “sin buró, sin aval” una salida rápida. Convergen presión económica, baja alfabetización financiera y digital, y sobreexposición de datos, que amplifica el poder coactivo. El miedo a la vergüenza social cierra el círculo de la revictimización.

La respuesta debe ser integral y proactiva. Urge un protocolo de bloqueo y desindexación exprés entre policía cibernética, fiscalías, IFT y tiendas de aplicaciones, con plazos máximos que debieran estar por debajo del umbral de las 72 horas. Debe crearse una unidad especializada con ventanilla única para denunciar, asesorar y preservar evidencia, y emitir órdenes de cese y retiro de contenidos.

Es necesario un Registro de Prestamistas Digitales, con transparencia de tasas, auditorías de datos y sanción penal por operar ilegalmente. Se requiere tipificar agravantes de extorsión digital y “doxxing económico”, fortalecer las facultades sancionadoras de la autoridad de consumo y obligar la cooperación de plataformas y pagos.

La prevención debe focalizar alfabetización financiera y digital en grupos de mayor riesgo y ofrecer alternativas reales: microcrédito formal de bajo costo, asesoría gratuita y apoyo emergente. Erradicar las “montadeudas” implica cortar el incentivo económico, cerrar el canal tecnológico y reducir la vulnerabilidad.

Investigador del PUED-UNAM