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Ni censura ni llamados a misa
Columnas
En la Colonia, las ideas estuvieron sometidas a censura; tras la Independencia, la prensa se convirtió en campo de batalla política. Del Porfiriato al régimen priista, el control evolucionó: papel periódico, concesiones, publicidad oficial y favores sustituyeron muchas veces a la censura directa. López Portillo lo resumió: “no pago para que me peguen”.
Con la apertura democrática, los medios ganaron independencia, pero algunos acumularon también un importante poder político y económico, capaz de influir en gobiernos y opinión pública.Las redes sociales volvieron a cambiar el equilibrio: gobernantes y ciudadanos pueden comunicarse sin intermediarios y las audiencias dejaron de ser simples receptoras.
En ese contexto debe entenderse el debate impulsado por Claudia Sheinbaum sobre las defensorías de las audiencias. La figura no es nueva: tiene décadas de antecedentes internacionales y México la incorporó a su legislación desde la reforma de telecomunicaciones de 2013.
Hoy, radio y televisión abierta deben contar con defensorías, y los códigos de ética alcanzan también a servicios restringidos. Mientras se discuten los lineamientos para hacer efectivos estos derechos, Sheinbaum sostiene que no se trata de colocar representantes del Gobierno en los medios, sino de dar a las audiencias mecanismos para hacer valer sus derechos.
El principio me parece correcto. Pero el desafío está en encontrar el equilibrio. Una cosa es que el Estado garantice los derechos de las audiencias y otra muy distinta que termine calificando opiniones, interpretaciones o contenidos periodísticos. Porque hoy tenemos un gobierno respetuoso de las libertades, pero no podemos afirmar que siempre será así.
Tampoco tendría sentido crear defensores cuyas recomendaciones sean llamados a misa. Deberían recibir las quejas con independencia y emitir resoluciones públicas que el medio esté obligado a responder: aceptar, aceptar parcialmente o rechazar, explicando sus razones. Nadie lo obliga a modificar su línea editorial, pero tampoco puede ignorar a su audiencia.
Cuando se trate de hechos objetivamente verificables, algunas medidas sí podrían ser obligatorias: corregir un nombre, fecha o cifra; garantizar el derecho de réplica cuando proceda o distinguir publicidad de información. La frontera es clara: corregir un dato falso protege a la audiencia; corregir una opinión invade la libertad editorial.
Además, un registro público debería mostrar las quejas y recomendaciones recibidas por cada concesionario, cuántas aceptó o rechazó y por qué. Ahí aparece una sanción más poderosa que la censura: la reputación.
La autoridad reguladora tendría la función de verificar que exista un defensor independiente, que pueda trabajar sin presiones, que las quejas sean atendidas, que las resoluciones se publiquen y que el medio responda. Y si una empresa impide trabajar a su defensor, oculta deliberadamente sus resoluciones o simplemente se niega a responder a las audiencias, entonces sí podría existir una consecuencia administrativa. La sanción sería por obstaculizar un derecho y no por el contenido de una opinión.
También habría que blindar al propio defensor. Periodos determinados, causas específicas para su remoción, autonomía para publicar sus resoluciones y prohibición de represalias. De poco serviría tener un ombudsman que pueda ser despedido cuando comienza a incomodar a quien lo nombró.
Esta es una aportación a un debate nacional que vale la pena dar.
ENTRE GITANOS
VOLVER PARA CUMPLIR
Hace dos semanas, durante una jornada Casa por Casa en San Bartolomé Xicomulco, vecinas y vecinos le pidieron a Clara Brugada mejorar el transporte público. Este domingo la Jefa de Gobierno regresó, con 10 nuevas unidades de RTP y tres rutas que conectarán al poblado con otras comunidades de Milpa Alta y facilitarán su traslado hacia Xochimilco y el Tren Ligero. En una zona rural y periférica, mejorar la movilidad significa acercar oportunidades, servicios y reducir tiempos de traslado. Hoy, gobernar es escuchar, regresar y cumplir.
*Especialista en Ciencia Política y Gobierno.
avilezraul@hotmail.com
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/CR
