No es la reforma, son los intereses

Columnas lunes 23 de marzo de 2026 -

En la década de los noventa, en el marco de la campaña presidencial de Bill Clinton, se utilizó un eslogan que pasó a la historia por su aplastante honestidad: “Es la economía, estúpido”. Con esta frase se recordaba que, por encima de cualquier cuestión o situación, el bolsillo era lo que mandaba.

Parafraseando este clásico, y viendo todo lo ocurrido en torno a la reforma electoral, como se ha dicho anteriormente en este espacio, lo que está en juego no son los aspectos técnicos ni los beneficios democráticos, lo que realmente está en juego con la reforma es el control político y los intereses de la elite política. Dicho sin rodeos: en la reforma electoral, son los intereses, estúpido.

Las reformas propuestas en el llamado “Plan B” son la muestra clara de que el proyecto no responde a razones técnicas, sino a las conveniencias de la clase política dominante. La reforma propuesta ha dejado de lado los cambios sustantivos que la justificaban —como la reducción de plurinominales—, bajo el argumento de que constitucionalmente “ya no se puede discutir” en este periodo lo que ya fue rechazado. Ahora el tema central se ha vuelto los “privilegios” de la llamada alta burocracia.

En la exposición de motivos la iniciativa presidencial menciona que su objetivo es “acabar con las prebendas y la corrupción de la alta burocracia, pues el gobierno no debe ser una carga para el pueblo y las personas servidoras públicas no deben tener ventajas a costa del presupuesto”. Por supuesto nadie diría que no a esta propuesta, al contrario, se consideraría congruente y necesaria, especialmente porque cuando se habla de acabar con gastos innecesarios y superfluos, uno pensaría que se iniciaría con la alta burocracia para dar el ejemplo.

Pero al revisar las letras chiquitas de la iniciativa se observa que las cosas no son como parecen. Se habla de reducción de gastos sí, pero solo de las autoridades electorales y los congresos locales. Dicho de otra forma, se propone la austeridad pero únicamente en alta burocracia electoral y de los congresos.

Al final, se resolvió lo que era la manzana de la discordia de la reforma electoral, la disminución de recursos económicos, de la manera más simple: “hágase la voluntad en los bueyes de mi compadre”. De esta forma los intereses de quienes mandan quedan intocados, por eso ahora dicen que la reforma podrá avanzar sin problema, pues claro, si a nadie le quitan sus juguetes, entonces, ¿quién se va a quejar?

Pero algo que no podemos dejar de lado es que la reforma trae consigo un dardo envenenado. Se propone que, en caso de una revocación de mandato de la persona titular del poder ejecutivo federal, dicha persona podrá “difundir el proceso y promover el voto a su favor en los términos que establezca la ley de la materia”. De aprobarse la reforma en sus términos, la Presidenta podrá andar en campaña abierta, dándose vuelo para ayudar a su partido y a sus candidatos en la próxima elección.

Al final se deja en claro que no era la afectación a la democracia lo que preocupaba, sino el perjuicio a los intereses de los actores involucrados. Ahora, con el Plan B queda claro que cada quien jala agua para su molino, sin importar a quién salpique con tal de cuidar sus propios intereses. En fin, la reforma que pudo ser, al final no fue; y lo que terminó siendo no es lo que esperábamos, pero eso sí, los guardianes de la democracia podrán seguir velando por el bien común mientras cuidan sus intereses particulares.