PLAN B (REFORMA CIUDADANA)

La democracia no comienza y termina con una persona, sólo puede ser garantizada si la ciudadanía la encabeza, sin sesgos, filias o fobias (y no me refiero a los que cantan veneno vil).

Desde los años setenta a la fecha, el Estado Mexicano ha vivido distintas reformas electorales, casi siempre producto del impulso y demanda social de una ciudadanía organizada que reclama instituciones claras y confiables que puedan organizar las elecciones en el país.

Así, la reforma de finales de los ochenta, le quitó el control absoluto al gobierno e incorporó los primeros controles para garantizar que las personas que votaban fueran las mismas que estaban registradas y evitaba

que los muertos votarán dos más veces.

Del mismo modo, la reforma electoral de los noventa configuró al Instituto Federal Electoral, incorporó el servicio profesional de carrera, que tenía como fin que los ciudadanos que desearan participar dentro del sistema electoral mexicano pudieran tener continuidad lo que permitiría ir sistematizando y profesionalizando las elecciones.

No obstante está estabilidad electoral, como todo sistema democrático tiene fallas y una de ellas se vivió en el proceso electoral federal de 2005-2006, no concebía la regulación para compra de espacios de radio y televisión por parte de de particulares con el fin de influir en el electorado, por lo que tuvimos una de las elecciones más cerradas de la historia.

Ello, hizo que miles de personas salieran a la calle a manifestarse y desconocer incluso al ganador de la contienda, sin embargo, la confianza que existía en las instituciones permitió la estabilidad del país.

Así llegó la reforma de dos mil siete, que incorporó candados para la promoción política y que permitió un piso parejo para todos, evitando la incorporación de campañas negras dentro del proceso electoral.

Ahora bien, en dos mil catorce, con el Pacto por México, se dio la última reforma electoral conocida hasta el momento, la que incorporó las candidaturas independientes, la paridad de género, la reelección de legisladores e impulsó la modificación del régimen de gobierno de la capital del país, dando paso al reconocimiento de la Ciudad de México como Entidad Federativa.

En ese sentido, como cada sexenio, el gobierno en turno tiene la responsabilidad de escuchar la demanda social que exige el mejoramiento del sistema electoral mexicano, en esta ocasión, la reforma electoral tiene como fin disminuir el número de personas que conforman la estructura del Instituto Nacional Electoral, así como, la desaparición de las trescientas juntas distritales, entre otras cosas, ello al considerar que el gran problema de sistema democrático en México es que no es austero, es decir, pagamos mucho por mantener al INE, lo que va claramente en contra del plan de gobierno federal.

No obstante, llama la atención que desde los años setentas, hasta la fecha no hay registros que la ciudadanía se opusiera tanto a una modificación de reforma electoral, no existe algún libro que narre que congregación de ciudadanos exigieran que el gobierno no creara el IFE o la que manifestaran en contra que el INE fuera la autoridad que coordinará la credencial y lo que conlleva.

Finalmente, al ser un país donde el poder se rige por la teoría de las potestades (división de poderes), será la Suprema Corte de Justicia de la Nación quien determine la constitucionalidad del Plan B, es decir, si la misma está apegada a nuestra norma fundamental y si no vulnera nada contenido en ella. Sin embargo, el que sean los ciudadanos los que busquen defender a las instituciones, debe de ser tomado en cuenta, por eso un pilar de sistema democrático de cualquier país.