El Partido Revolucionario Institucional (PRI) presentó una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en contra de la reforma judicial promulgada el pasado 15 de septiembre, argumentando que esta modificación viola el principio de división de poderes y la autonomía del Poder Judicial. La senadora Carolina Viggiano, secretaria general del PRI, encabezó la conferencia de prensa en la que denunció estas irregularidades.
"Estamos convencidos en el Partido Revolucionario Institucional de que esta reforma no mejorará la justicia y, por el contrario, se trata solo de un intento del oficialismo por controlar el Poder Judicial", expresó Viggiano. Asimismo, señaló que México necesitaba una reforma para mejorar el sistema de justicia, no una que transforme al Poder Judicial, asegurando que esta medida desarticula los ejes rectores del estado de derecho en el país.
Entre las anomalías destacadas por Viggiano se encuentran vicios en el proceso legislativo, como la violación a dos suspensiones, la falta de deliberación pública y la escasa difusión de la ley en los estados. Además, indicó que durante la discusión en la Cámara de Diputados no se verificó el quórum legal y que se violó el principio de representación política.
"Las y los legisladores representan los intereses de la sociedad. Su función es ser la voz de la ciudadanía y hacerla valer en la ley", añadió la senadora, subrayando que la falta de debate público y análisis adecuado vulnera ese principio.
Flanqueada por el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, y el coordinador de los senadores priistas, Manuel Añorve Baños, Viggiano enfatizó que la reforma atenta contra la independencia del Poder Judicial al subordinarlo a otros poderes. También advirtió que el reemplazo de todos los jueces, magistrados y ministros entorpecerá el avance de los procedimientos judiciales en curso y los que están por iniciarse.
Además, adelantó que el PRI también impugnará las leyes secundarias que Morena y sus aliados están en proceso de aprobar, señalando que dichas normativas continuarán debilitando el marco institucional y los derechos de los ciudadanos.