Paridad en todo, también en el poder judicial

La reciente publicación de la lista de aspirantes a candidaturas por parte de los comités de evaluación, predominantemente integrada por hombres, pone de manifiesto la persistencia de desigualdades de género en la selección de personas juzgadoras en México. Esta situación subraya la necesidad imperiosa de garantizar que las listas finales de candidatas y candidatos sean paritarias e incluyentes, en consonancia con los principios constitucionales y los compromisos internacionales asumidos por México.

En junio de 2019, México dio un paso histórico al reformar diversos artículos de la Constitución Política, estableciendo la paridad de género como un principio obligatorio en todos los niveles de gobierno y en los tres poderes de la Unión. Esta reforma, conocida como "Paridad en Todo", busca asegurar la participación equitativa de mujeres y hombres en la toma de decisiones públicas.

A pesar de los avances normativos, la representación de las mujeres en el Poder Judicial aún es limitada. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), al cierre de 2022, las mujeres constituían el 49.9% del personal en el Poder Judicial de la Federación . Sin embargo, en posiciones de mayor jerarquía, la brecha es más evidente. Por ejemplo, de los 713 magistrados de Tribunales Colegiados de Circuito en funciones, solo 157 (22%) son mujeres .

Importancia de la paridad en la impartición de justicia

La falta de representación femenina en el sistema judicial no solo perpetúa desigualdades estructurales, sino que también limita la perspectiva de género en la impartición de justicia. Una judicatura paritaria e incluyente es esencial para garantizar que las decisiones judiciales reflejen la diversidad y las necesidades de toda la sociedad, promoviendo una justicia más equitativa y efectiva.

Para avanzar hacia un sistema judicial verdaderamente paritario, es fundamental:

1. Aplicar estrictamente el principio de paridad en todos los procesos de selección y nombramiento de personas juzgadoras, asegurando una representación equitativa de mujeres y hombres en las listas de candidaturas.

2. Implementar programas de formación y mentoría que fortalezcan las capacidades y oportunidades de las mujeres en el ámbito judicial, preparándolas para asumir roles de mayor responsabilidad.

3. Establecer mecanismos de seguimiento y evaluación que permitan medir el cumplimiento de la paridad de género en el Poder Judicial, identificando áreas de mejora y reconociendo avances significativos.

La construcción de un sistema judicial paritario e incluyente no es solo una obligación legal, sino una oportunidad invaluable para fortalecer la democracia y la justicia en México. Es responsabilidad de los comités de evaluación y de todas las instituciones involucradas garantizar que la igualdad de género sea una realidad tangible en la impartición de justicia.

Andrea Gutiérrez