Personas con discapacidad, entre la informalidad y el olvido

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Emigdio López no cree en el COVID-19. No porque no quiera, sino porque no sabe hacerlo. Desde que nació sin piernas se ha acostumbrado a temerle sólo a lo que está a simple vista: un plato de comida vacío, un auto en Periférico, un anexo de Alcohólicos Anónimos.

“Me entero del virus ese por los compas que andan hablando aquí en los puestos, pero para mí todo sigue igual. Si no salgo a trabajar, ¿qué como?”, dice este hombre de 56 años, quien no ha parado de vender dulces afuera del Metro Observatorio.

Mientras muchos mexicanos suben sus publicaciones en redes sociales sobre cómo desinfectan sus productos del supermercado, don Emigdio toca el suelo de la capital durante más de 12 horas. Y sin gel antibacterial. Al no contar con los recursos suficientes para comprar una silla de ruedas o un par de prótesis, utiliza una avalancha para moverse.

Y es que pese a que la Secretaría de Salud y la Organización Mundial de la Salud (OMS) han declarado a las personas con discapacidad como grupo vulnerable ante el COVID-19, más del 50 por ciento de este sector de la población aún sale a las calles en pleno semáforo rojo de la pandemia, advierte Mónica Guadalajara, directora de marketing para América Latina de Ottobock, empresa alemana que se dedica a fabricar prótesis, ortesis y sillas de ruedas. 


“Urge que las autoridades otorguen estímulos a aquellas personas con discapacidad que no pueden quedarse en casa. Muchos de nuestros pacientes, más del 70 por ciento, trabajan en el sector informal y dependen de sus actividades diarias para poder mantenerse y, en muchos casos, a sus familias”, observa Guadalajara.

Gustavo Estrada es uno de los 7.65 millones de personas con discapacidad que viven en México, según el Inegi. Perdió su pierna izquierda hace cuatro años, cuando varios sujetos lo golpearon y balearon tras asaltarlo muy cerca de su casa, en San Miguel Teotongo, en Iztapalapa, la zona urbana con mayor rezago social de la Ciudad de México, de acuerdo con el Coneval.

Pese a pertenecer a una familia de bajos recursos, Gustavo ya estaba listo para dar la marca para los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020, donde buscaba competir en la prueba de 100 metros. Pero la pandemia arruinó sus planes. Se cancelaron todas las competencias y su viaje a Brasil para clasificar entre los 10 primeros del mundo.

Ahora debe esperar a que las autoridades levanten la cuarentena para regresar a entrenar al Centro Nacional de Alto Rendimiento, porque en su casa no tiene la infraestructura para hacerlo adecuadamente. Y, además, debe trabajar de mecánico porque el único apoyo que recibe es de Ottobock, la empresa que le patrocina su prótesis. 


“La verdad sí han sido tiempos bien complicados porque no hay dinero. Toda mi familia tiene trabajos por fuera y no hay lana, todo está parado”, comenta Estrada, de 24 años.

“De pronto me salen chambitas de mecánica, pero no es suficiente. Me preocupa la situación económica, pero también la salud de mi abuelita y de mi mamá, porque lamentablemente aquí en mi barrio nadie cree en el virus y nadie toma precauciones”.

La semana pasada, la organización Human Rights Watch advirtió —en su informe “Es mejor hacerse invisible. Violencia familiar contra las personas con discapacidad en México”— que este sector es más vulnerable a sufrir violencia o abandono a causa de la falta de políticas públicas que los protejan ante condiciones adversas. Una situación que se agrava en estos momentos de encierro, ya que, según el documento, gran parte de ellos dependen de otras personas para satisfacer sus necesidades básicas, como la vivienda, la alimentación y la higiene.

“Y aunque haya personas que quizás no dependan tanto de familiares, porque sí existen ese tipo de casos, recordemos que, aun así, ellos están más expuestos al contagio porque sus aparatos (muletas, prótesis, sillas de ruedas) son superficies en las que sobrevive el virus”, señala Guadalajara.

Mario Vallejo ha salido adelante pese a su amputación transfemoral de la pierna derecha, ocasionada en 2005 por un accidente en motocicleta. Sus ingresos, sin embargo, se han visto mermados desde que comenzó la Jornada de Sana Distancia. Actualmente tiene dos negocios en Toluca: la compra-venta de autos y una tintorería. En ambos, la crisis no cesa.

“Los clientes han bajado mucho. Se nota que no hay dinero. Da por sí el negocio de los autos usados ha bajado mucho en los últimos 10 años, alrededor de un 50 por ciento, pero ahora con esto del coronavirus las ventas han caído mucho más”, comparte Vallejo, de 48 años, quien además tiene una familia que mantener.

Desde que le amputaron la pierna nunca ha tenido un salario fijo. Admite que sí teme al contagio, pero también sabe que la cuarentena es un privilegio. Por eso considera que el gobierno debería otorgar apoyos a personas como él, por lo menos en un periodo de tres meses. “Es obligación de las autoridades darnos apoyo, haya o no pandemia”, asegura.

Hasta el momento, el gobierno federal no ha creado ningún fondo específico para personas con discapacidad en tiempos de pandemia. Existe el Programa de Apoyo Económico a Personas con Discapacidad Permanente —que antes pertenecía al gobierno capitalino, pero ahora es federal—, pero no todos han podido acceder a él.

Julio Santiago, de 46 años y paciente en silla de ruedas, recibía este apoyo hasta septiembre pasado, “pero algo pasó en el censo que hicieron y desde esa fecha ya no recibo nada, eran 800 pesos mensuales”.

Personas como Santiago han tenido que ingeniárselas para generar ingresos durante el confinamiento. Imparte clases de violín en línea porque por ahora todos los conciertos están suspendidos.

Antes de la pandemia, trabajaba con el Mariachi 2000 de Cutberto Pérez y tocaba en fiestas de salón o conciertos. “Un día iba a tocar con Bronco, pero su equipo no me dejó, me puso muchas trabas para entrar al Auditorio y no me dejaron pasar, que porque no había medidas para garantizar mi seguridad al ser una persona con discapacidad”, recuerda este hombre que tiene una lesión medular desde 2002 a causa de un asalto, ocurrido en Iztacalco.

“Lo que necesitamos son más empresas con programas de inclusión social para las personas con discapacidad. Sin el apoyo de la iniciativa privada, seguirán siendo invisibles en la sociedad”, afirma Guadalajara.