Personas extraordinarias, seguridad pública y proceso electoral

“Las personas extraordinarias son las que más evidentemente exhiben su llamado. Tal vez es por eso que fascinan. Quizá, asimismo, son extraordinarias porque su llamado se manifiesta con claridad extrema y ellas le son leales. Las personas extraordinarias dan el mejor de los testimonios, porque demuestran que los mortales ordinarios sencillamente no pueden hacerlo. Al parecer, tenemos menos motivación y más distracción. No obstante, a nuestro destino lo empuja el mismo motor universal. Las personas extraordinarias no son una categoría aparte; simplemente, la operación de ese motor en ellas, es más transparente”, decía el psicólogo y analista junguiano, James Hillman (1926 – 2011).

La democracia, en tanto modelo óptimo de organización política de una sociedad – o el peor, con excepción de todos los demás, como decía Churchill- entraña la necesidad de contar con personas capaces de convertir en política pública lo que la colectividad requiere para cumplir sus proyectos de vida.

Cada proceso electoral es una oportunidad de replantear necesidades y construir mejores alternativas para solucionar problemas. En una elección se trata de identificar, dentro de los aspirantes a ejercer el poder, “personas extraordinarias” capaces de dar forma a los anhelos de la sociedad. Procesos y buenas leyes tienen que estar por encima de los grandes hombres, claro está. No entenderlo así, implica un retroceso modelos antagónicos de la democracia.

Una de las más importantes tareas del Estado es brindar seguridad pública. Sus fines, reconocidos en el artículo 21 constitucional, son “salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social”. Comprende la prevención, investigación y persecución de los delitos, así como la sanción de las infracciones administrativas y se rige por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos.

La seguridad pública exige pues, que sus fines se realicen a través de personas capaces de entender las implicaciones de fondo de la función y los suficientemente preparadas para dar estricto cumplimiento al mandato constitucional.

A lo largo de los años, las instancias de seguridad han modificados procesos de selección y permanencia, buscando con ello mejores perfiles que se responsabilicen de encausar sus fines y objetivos. Un profesional de la seguridad pública debe estar preparado para las más demandantes hazañas, si no, cómo aspirar a salvaguardar la vida, libertad y patrimonio de las personas, al tiempo de investigar y prevenir delitos. Misión de tal relevancia, solamente puede ser realizada por personas extraordinarias.

Se torna lugar común prometer en campaña lo que no se cumplirá en torno a la seguridad y eso se debe a la ligereza con que el tema se plantea en los “bunkers” de los candidatos. Antes una buena frase, que una política pública a prueba del tiempo.

Si pudiera sugerir una sola propuesta en materia de seguridad a todos los aspirantes a gobernar, sería respetar plenamente los derechos de las “personas extraordinarias” que a diario brindan su vida al interior de las corporaciones. Esto se traduce en los siguientes puntos: respeto a la carrera policial, formación continua, equipamiento y justa remuneración.

Esta propuesta que pareciera lugar común, es plenamente vigente a la luz de la notoria debilidad de las instituciones policiales, particularmente en el ámbito municipal. Comprometer en campaña cualquier cosa que no parta de garantizar condiciones para el buen desempeño de estas personas extraordinarias, es dar continuidad al juego demagógico de cada proceso electoral; es seguir debilitando una de las más relevantes funciones reconocidas en la Constitución. No es ético ni justo.