Plan B: otra reforma que posterga la democracia sustantiva

El llamado Plan B de reforma electoral no es, en realidad, una reforma democrática, sino la expresión de una tendencia más profunda: sustituir la discusión sobre la calidad de la democracia por ajustes administrativos que redistribuyen poder sin rendir cuentas sobre sus efectos.

El paquete se presenta como un ejercicio de austeridad republicana: i. reduce regidurías; ii. ajusta topes salariales y otras prestaciones en lo local; y, iii. recorta presupuestos en congresos locales. Lo que no hace -y esa omisión es el verdadero dato político- es incidir en las estructuras que determinan la calidad de nuestra democracia.

La intervención federal en las finanzas municipales tensiona el artículo 115 constitucional, que reconoce al municipio libre como base de la organización política y administrativa del país, con hacienda propia. Centralizar recursos bajo el pretexto de la austeridad no es una reforma democrática, sino la reconfiguración vertical del poder que debilita el federalismo real.

La misma lógica se replica en el ámbito legislativo local, como lo observamos en la propuesta de reforma al artículo 116, fracción II, que introduce un tope obligatorio al presupuesto de los congresos estatales, fijándolo en un máximo de 0.70% del presupuesto de egresos estatal. Presentada como austeridad, esta restricción opera como un mecanismo de intervención estructural sobre la autonomía presupuestaria de los poderes legislativos locales.

El punto de fondo, sin embargo, es otro. ¿Qué ocurre con la democracia cuando no hay urnas de por medio? La democracia no se agota en el acto electoral, dado que en su dimensión sustantiva, la democracia orienta al Estado para garantizar a toda persona la posibilidad real de construir una vida digna. Esa es la vara con la que deberían medirse las reformas.

Vista así, la discusión cambia de eje: ya no se trata de cuántas regidurías existen o cuánto gana un funcionario, sino de si el sistema político permite que el poder se ejerza con límites, controles y responsabilidad frente a la ciudadanía.

Más delicados aún son los temas que cualquier reforma democrática debería abordar y que el Plan B evita sistemáticamente. Primero, la fórmula de sobrerrepresentación que permite construir mayorías artificiales; en 2024 esa mayoría alcanzó para reformar la Constitución en aspectos medulares como el Poder Judicial y los órganos constitucionales autónomos; segundo, la penetración del crimen organizado en los procesos electorales. El modelo de fiscalización está saturado de reglas, pero es incapaz de controlar el flujo de recursos de origen desconocido que financian campañas; tercero, la erosión de los árbitros electorales, dado que, de un lado, contemplamos a un INE progresivamente alineado con la ideología del grupo en el poder, y un Tribunal Electoral cuya actuación reciente ha debilitado la confianza pública, en tensión con los estándares de independencia de los Principios de Bangalore; y, cuarto, la pobreza del debate público, que ha aumentado bajo un modelo de comunicación política basado en spotsque ha desplazado el contraste serio de ideas.

Ninguno de estos aspectos centrales aparece en el Plan B. Lo que aparece es un ajuste presupuestal que se celebra como austeridad mientras persisten la impunidad, las desapariciones, la inseguridad y la distancia entre las promesas de bienestar y la experiencia cotidiana de la ciudadanía. Estos ajustes presupuestales, en realidad, buscan tener más recursos para destinarlos a gasto social embrionario que no tiene etapas posteriores para volver autosuficientes a las personas.

Obiter dicta.

Una democracia que solo se reforma en sus reglas electorales, pero no en su capacidad para garantizar derechos, no se transforma; se administra.