Presidencia pide a SCJN suspender resolución de ministro por ser "un fraude" a la Constitución

Claudia Bolaños

El Ejecutivo federal, Andrés Manuel López Obrador, a través de su Consejería Jurídica, impugnó la decisión del ministro Alberto Pérez Dayán que suspende la aplicación el decreto que reforma las leyes generales de Comunicación Social y de Responsabilidades Administrativas en los estados de México y de Coahuila.

Se indicó que Dayan habría torcido la ley debido a su propios intereses.

Ante ello, la Consejería pidió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desconocer la resolución del ministro por significar "un fraude" a la Constitución.

El argumento es que las normas expedidas por el Congreso de la Unión sólo pueden invalidarse mediante el voto de ocho ministros y está proscrito expresamente suspender sus efectos.

Por eso consideraron como preocupante la determinación unilateral de Pérez Dayán, y se pidió que los ministros actúen con apego a sus atribuciones.

En un comunicado la noche de este domingo, la Consejería Jurídica considero que la suspensión otorgada por el ministro Pérez Dayán "afecta de manera grave una de las instituciones fundamentales del orden jurídico mexicano, como es la división de poderes, ya que carece de facultades para anular un valor constitucional superior, como es el

principio de presunción de validez de las normas expedidas por el Poder Legislativo, pues sólo la determinación del pleno de la SCJN puede tener por efecto declarar la invalidez de una disposición general".

Explicó que el diseño constitucional de los medios de control, como es la acción de inconstitucionalidad,

prevé que las decisiones de fondo emitidas por la SCJN no puedan tener efectos retroactivos, por lo que tampoco existe razón lógica que permitiera al ministro instructor

anticipar efectos que invaliden la entada en vigor de las leyes aprobadas por el Congreso

de la Unión; esto representa un acto arbitrario de un juzgador constitucional al apartarse de las normas jurídicas que regulan su actuación.

Además, acusó que "el ministro pierde de vista que el Congreso de la Unión reformó la Ley General de

Comunicación Social en cumplimiento a una sentencia firme de la Primera Sala de la SCJN (amparo en revisión 308/2020), lo cual constituye un hecho notorio y público".

Por estas razones, el Ejecutivo Federal solicitó a la SCJN revocar la medida suspensiva al

resultar contraria a los principios fundamentales del Estado de derecho, "pues constituye un

fraude a la Constitución que el ministro instructor, Alberto Pérez Dayán, se separe

indebidamente de las reglas del procedimiento, lo que desnaturaliza los medios de control

constitucional, y en la medida en la que el juzgador respeta o no el sentido original de la norma, su decisión será calificada de democrática o antidemocrática".

“La opinión más popular, tanto en Inglaterra como en los Estados Unidos, insiste en que los jueces siempre deberían seguir

la ley, en cualquier decisión, (pero) lamentablemente, según esta opinión popular, algunos jueces no aceptan esa sabia compulsión; en forma encubierta e incluso al desnudo, tuercen la ley para servir a sus propios propósitos o política. Estos son

los malos jueces, los usurpadores, los destructores de la democracia”, señaló la Consejería al citar a

Dworkin, Ronald, en su obra "El imperio de la justicia".

Se indicó que del tema ya había jurisprudencia.

"Así lo ha reconocido la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en la tesis 2a XXXII/2005, que dice: 'SUSPENSIÓN EN CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. LA PROHIBICIÓN DE OTORGARLA RESPECTO DE NORMAS GENERALES INCLUYE LOS

ARTÍCULOS TRANSITORIOS Y SUS EFECTOS'”.

Se detallo que los juzgadores, como todas las autoridades del Estado, están obligados a fundar y motivar sus decisiones, por lo que el ministro Pérez Dayán no puede apartarse de las reglas específicas que establecen las leyes al tramitar los medios de control constitucional, pues la legitimación del Poder Judicial se diluye cuando sus decisiones responden a posiciones políticas o personales.

El caso en cuestión no procede como lo ha decidido el ministro.

"Conforme a los criterios de la propia SCJN, las medidas cautelares de esta naturaleza solo

pueden otorgarse, en todo caso, respecto de actos eminentes e inmediatos, pero nunca con relación a actos futuros e inciertos; resulta preocupante que el ministro Alberto Pérez suspenda la aplicación de las leyes sin que exista ningún hecho o indicio que demuestre la

supuesta existencia de alguna afectación irreparable al sistema democrático o a los derechos fundamentales implicados, como lo señala de forma dogmática en su

determinación".

El artículo 63, numeral 2, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, establece

que, para dictar una medida provisional, se requiere demostrar, dada su excepcionalidad, la

extrema gravedad y la urgencia, así como la forma en la que se pretenden evitar daños irreparables en las personas, lo cual no fue analizado por el ministro instructor.

Por eso se envió un mensaje a los ministros para que actúen con apego a sus atribuciones.

"Es fundamental que los ministros que integran la SCJN actúen dentro de las atribuciones

que les corresponden, sin traspasar los límites que le impone la Constitución y las leyes. De

esta manera se garantiza el orden constitucional y democrático, además de proteger los derechos y libertades de todas las personas frente a la arbitrariedad de una autoridad judicial que actúa en contra de las leyes que rigen su actuación jurisdiccional.