Presupuesto a la medida y clientelar

Uno de las instituciones más castigadas es el árbitro electoral, al que le recortan cinco mil millones de pesos a sabiendas de que tendrá que organizar los sufragios para la renovación de gobernadores en varias entidades y que está obligado a realizar la famosa consulta sobre la revocación de mandato.

Con gran perversidad, los legisladores regularon la disposición constitucional para que el INE realice el ejercicio el próximo año y a pesar de ello le quitan recursos necesarios para contar con la infraestructura y logística necesarias que le permitan cumplir con su función. Con esa limitante, dirán que pueden recortarse los sueldos para tener más dinero, plantilla salarial que el propio Congreso aprobó. Además, el gasto corriente no es porcentualmente significativo para la realización de las funciones del Instituto.

A Morena le interesa mucho que se realice la consulta porque más que legitimar al presidente, busca sondear qué tanto influye su imagen en los próximos comicios estatales. Por eso quiere mostrar músculo e invierte muchos recursos -financiamiento público del que dijo devolvería más de mil millones de pesos y no lo hizo-, para convencer a la población de ir a votar para mantenerse en el poder. Tienen que convencer al 40 por ciento del electorado y ni con todos sus simpatizantes pueden lograrlo, por lo que necesitan cautivar a más de diez millones de mexicanos que voten por el sí, no para que se vaya el mandatario, sino para visualizar sus posibilidades de éxito en los estados; la revocación es más bien un termómetro de popularidad y medir si, como sucedió en las pasadas elecciones, pierden base electoral.

Y mientras Morena invierte dinero para que sus huestes convenzan al electorado, un presupuesto a modo garantiza la distribución de miles de millones de pesos en programas clientelares solo para sus adeptos. No solo se incrementaron los recursos para los programas sociales, también se autorizaron partidas discrecionales que se utilizarán para beneficiar los padrones de bienestar.

Mientras tanto, se desatienden políticas públicas que alientan el desarrollo social y el crecimiento de una economía más dinámica. No son los subsidios, las becas ni las pensiones del bienestar lo que promueve al aparato productivo, sino la inversión pública y privada, la generación de empleos y una mejor distribución del ingreso, sin satanizar a los emprendedores o a los “aspiracionistas” clasemedieros, estrato del que por cierto salieron, según el INEGI, 6.3 millones de mexicanos durante la pandemia, por lo que la clase media pasó de 53.5 millones de personas en 2018 a 47.2 millones en 2020.

Pero las decisiones parlamentarias van en otro sentido, aprueban los presupuestos no con base en criterios económicos sino políticos. A pesar de que el partido del presiente y sus adláteres no cuentan con la mayoría calificada, aplican el mayoriteo y no discuten ni dan entrada a las propuestas de la oposición. El Congreso dejó de ser contrapeso del poder público para someterse a las pretensiones de un presidencialismo omnímodo.

Por eso los diputados aprueban al vapor y al cuarto para las doce presupuestos clientelares, sin pensar que afectan a más de 130 millones de mexicanos y comprometen el futuro de todo un país; son como sastres que hacen trajes a la medida, sin hacer uso de la cinta métrica.