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Tras los ataques perpetrados por el ELN contra una base militar en Puerto Jordán, Arauquita, la Procuraduría General de la Nación condenó los hechos.
El evento dejó dos militares muertos y 26 heridos según información oficial. La entidad destacó que el atentado, realizado cerca de un colegio, violó el derecho internacional humanitario y los derechos de la población civil.
La procuradora Margarita Cabello Blanco expresó su preocupación por el deterioro de la seguridad en la región, donde 23 veredas están confinadas y más de 5.000 personas han sido afectadas.
Desde la suspensión del cese al fuego en agosto de 2024, la violencia ha aumentado, afectando tanto a la población como a la infraestructura estratégica.
Cabello instó al Gobierno nacional y a la fuerza pública a reforzar la seguridad en Arauca, advirtiendo que el fin de los diálogos de paz con el ELN podría intensificar la violencia en la región.
De acuerdo a un comunicado de la Procuraduría, la entidad seguirá vigilando la situación y la respuesta de las autoridades.