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Red de presunto contrabando de combustible alcanza a Coahuila, 11 empresarios gasolineros y una consignataria
Nación
Claudia Bolaños
Autoridades de Coahuila no se han pronunciado ante la investigación federal que involucra a Grupo FAZA, propietario de las gasolineras Punto+, dentro de un expediente relacionado con una presunta red de contrabando de combustibles que también alcanzó al exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel.
La indagatoria quedó en manos de la Fiscalía General de la República (FGR), mientras que hasta ahora el gobierno estatal y la Fiscalía General del Estado no han informado públicamente sobre investigaciones propias relacionadas con las estaciones de servicio señaladas, varias de ellas ubicadas en territorio coahuilense.
De acuerdo con la información referida en la investigación, la red habría introducido de manera irregular más de 2 mil 137 millones de litros de combustible durante un año mediante un esquema en el que participaron once empresas y una consignataria identificada como Ingemar, vinculada en el expediente con Ruffo Appel.
Dentro de la cadena de distribución aparecen Grupo FAZA, relacionado con Gerardo Faccuseh y su hijo, y 33 estaciones de servicio de la marca Punto+, distribuidas en cuatro estados. La presencia de estos establecimientos en Coahuila colocó el caso bajo especial atención en Torreón y la región de La Laguna.
Otro punto que podría ampliar las investigaciones es determinar quiénes adquirieron combustible en esas estaciones. Entre sus clientes habría transportistas, productores ganaderos, empresas e incluso instituciones. Esto no implica por sí mismo responsabilidad de los compradores, pues deberá establecerse si tenían conocimiento del origen del combustible.
También ha circulado en Torreón la versión de que uno de los empresarios involucrados enfrentaría el proceso en libertad. Sin embargo, hasta el momento no existe confirmación oficial de la autoridad federal sobre esa situación procesal.
El caso adquiere mayor relevancia debido al volumen de aseguramientos de hidrocarburos registrado en Coahuila y a que parte de las estaciones relacionadas con la investigación operan en la entidad. Pese a ello, las autoridades estatales no han detallado si existen carpetas locales, procedimientos administrativos o investigaciones complementarias.
La FGR mantiene así el peso principal de las investigaciones para determinar cómo funcionó la presunta red de importación, comercialización y distribución del combustible, quiénes participaron en ella y cuál fue el destino final de los hidrocarburos.
Mientras avanza el expediente federal, permanece una interrogante en Coahuila: qué información tienen el gobierno estatal y su Fiscalía sobre las operaciones investigadas y por qué, hasta ahora, no han fijado públicamente una posición sobre un caso que alcanza directamente a empresas y estaciones asentadas en la entidad.
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OC/CR
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