Reelección, historia y omisión legislativa 

Me parece que la reforma se está complicando y al borde de la extinción pues no es la primera vez que la reelección languidece y fallece en el Congreso. Me refiero a la fallida reforma constitucional en la materia de hace 56 años, en la que el mismo partido que la aprobó en una de las cámaras del Congreso (el PRI) la detuvo en la otra, justo como ahora, efectivamente congelándola, retrasando esta modificación por un poco más de medio siglo.

El 30 de octubre de 1964 el Partido Popular Socialista (PPS) presentó una iniciativa en la Cámara de Diputados para permitir la reelección ilimitada de los diputados federales. El mismísimo Vicente Lombardo Toledano la defendió en tribuna. El 27 de diciembre, las comisiones presentaron dictamen favorable acotando la reelección inmediata a dos periodos consecutivos y señalaron que sería la experiencia la que determinaría si el tope debía permanecer o no.

El penúltimo día de sesiones, el 30 de diciembre, el pleno aprobó la reforma por 162 votos a favor y 28 en contra y la turnó al Senado. Esa votación sugiere que el Presidente Díaz Ordaz apoyaba la medida e, inclusive, la investigadora Maité Careaga (El legislador a examen, Fernando Dworak, Coordinador; FCE, 2003) afirma que es muy probable que haya convencido a Lombardo de presentar la iniciativa para guardarse un margen de negociación con su propio partido, en acuerdo con el PAN y con la operación política pactada con el coordinador priista de la cámara baja.

El 24 de septiembre de 1965 el Senado rechazó, sin discusión, la reforma aprobada por los Diputados. En respuesta, la Cámara de Diputados aprobó nuevo dictamen el 15 de octubre proponiendo archivar el expediente “en espera de un clima político más propenso”.

Nótese que empiezan a surgir más y más similitudes entre 1964-1965 y 2020, pero en esta ocasión esta legislatura tiene obligación de darle viabilidad legal y operativa a la reforma constitucional en esta materia aprobada desde 2014. No debemos soslayar tampoco que la propia constitución prohíbe reformas electorales sustanciales durante los 90 días previos al inicio del proceso electoral, que este año empieza en la primera semana de septiembre, lo que significa que esta legislatura necesariamente debe resolver este tema en la primera semana de junio o, en su defecto, por omisión legislativa, la Suprema Corte y/o el INE tendrían que tomar cartas en el asunto…