La reciente reforma al Poder Judicial ha provocado un aumento significativo en las jubilaciones y renuncias anticipadas de personal, en medio de la incertidumbre generada por los cambios que se avecinan tras la elección de nuevos juzgadores por voto popular, celebrada el pasado 1 de junio.
Durante los primeros cinco meses de 2025, se han contabilizado 436 retiros, cifra que ya supera el total registrado durante todo 2024 y que representa el número más alto de jubilaciones en los últimos siete años. En comparación, en 2018 se registraron solo 122 casos, según datos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) obtenidos mediante transparencia.
El año anterior, cuando el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador presentó la iniciativa de reforma constitucional, el ISSSTE reportó 433 jubilaciones, un aumento del 58% respecto a las 273 registradas en 2023.
Las cifras comprenden jubilaciones por cesantía en edad avanzada, seguro por retiro y vejez, tramitadas y autorizadas para empleados del Poder Judicial de la Federación, así como de órganos locales en Guanajuato, Hidalgo y la Ciudad de México, incluyendo tribunales administrativos y electorales, tanto locales como federales.
Uno de los cambios más controvertidos de la reforma fue la eliminación de los méritos profesionales como criterio principal para el ascenso a cargos de juez o magistrado, priorizando la elección mediante voto ciudadano. Esto ha generado preocupación entre los trabajadores del sector, muchos de los cuales decidieron retirarse ante lo que consideran una pérdida del principio de profesionalización judicial.
Incluso antes de que se llevaran a cabo las elecciones, varios juzgadores expresaron su desacuerdo con la reforma y presentaron sus renuncias. Esta situación se intensificó tras la aprobación de la enmienda constitucional en el Senado, donde se realizó un sorteo para definir los cargos judiciales que serían elegidos en las urnas.
En enero de este año, el Consejo de la Judicatura Federal reportó 329 vacantes en juzgados y tribunales, más del doble que las 139 registradas en octubre de 2024.
El primer informe del Observatorio Universitario del Proceso de Elección Extraordinaria a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, elaborado por la Universidad Iberoamericana, reveló que el 58.7% de las candidaturas no tenía trayectoria en la carrera judicial y más del 70% carecía de especialización en áreas fundamentales como derechos de pueblos indígenas, medio ambiente o personas con discapacidad.
El incremento en las solicitudes de retiro se atribuye principalmente a los cambios estructurales que se implementarán con la llegada de los nuevos titulares de los cargos judiciales, muchos de los cuales han sido identificados como afines al partido en el poder, Morena.