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Reforma a la Ley Antilavado exige mayor control, tecnología y profesionalización a sujetos obligados: IMCP

Activo jueves 24 de julio de 2025 -

La reciente reforma a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, publicada el 16 de julio de 2025 en el Diario Oficial de la Federación, representa un cambio profundo en el sistema antilavado de dinero en México, al ampliar significativamente las responsabilidades de los sujetos obligados. Así lo advirtió Angélica María Ruiz López, presidenta de la Comisión de Prevención de Lavado de Dinero y Anticorrupción del Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP).

De acuerdo con el organismo, las modificaciones legales ya no se limitan al cumplimiento formal, sino que exigen una comprensión más profunda del riesgo, la implementación de sistemas automatizados, auditorías constantes y procesos robustos de debida diligencia. Esta transformación implica la inversión en capacitación, tecnología y fortalecimiento de la cultura organizacional en todos los niveles de operación.

Entre los cambios más relevantes está la obligación de registrar a los beneficiarios controladores no sólo en los sujetos obligados, sino en todas las sociedades mercantiles. Asimismo, se elimina el umbral mínimo para que los notarios públicos deban reportar la constitución de sociedades o personas morales, lo que incrementa la vigilancia desde el inicio de actividades empresariales.

Los nuevos lineamientos también incluyen la incorporación de sectores como los desarrollos inmobiliarios, servicios fiduciarios y activos virtuales, los cuales ya deben cumplir con requisitos como la identificación de personas políticamente expuestas, monitoreo de operaciones sospechosas y evaluación basada en riesgos.

La figura del contador público adquiere un papel protagónico, al ser responsable de liderar estrategias preventivas, identificar riesgos y asegurar que los sujetos obligados cumplan cabalmente con las nuevas disposiciones. La profesionalización de este gremio es vista como una pieza clave para garantizar la eficacia del nuevo marco normativo.

El Poder Ejecutivo tendrá un plazo de 12 meses para emitir las reglas de carácter general que orientarán la implementación técnica y operativa de las reformas. Mientras tanto, los sujetos obligados deberán iniciar ajustes internos que incluyan auditorías internas y externas sobre sus sistemas de cumplimiento.

Según el IMCP, esta reforma representa un “cambio de paradigma” que endurecerá los criterios de supervisión y aumentará las sanciones para quienes incumplan, lo que obliga a una reconfiguración total del enfoque preventivo en materia de lavado de dinero en México.