Reforma al PJF ¿por qué hasta ahora?

Sin lugar a dudas, el presidente López Obrador es el líder político y social más popular y con mayor capacidad de operación en nuestro sistema político en los últimos 40 años -esta afirmación no califica si sus gobiernos han sido o no democráticos, ni cuáles han sido sus resultados-. Nada de lo que sucede en Palacio Nacional es una ocurrencia o improvisación, y quien piense lo contrario, no ha descifrado la estrategia política del grupo político del presidente.

Aunado a lo anterior, también ha quedado perfectamente claro que el presidente maneja el timing político -comprender y elegir el momento pertinente para platear un tema o tomar una acción o inacción que impacte eficazmente en el sistema político y social- como pocas personas en México, virtud que le ha permitido imponer agenda pública y narrativa nacional desde hace décadas.

Este aspecto viene a colación ahora que el presidente ha puesto sobre la agenda política y social la “necesaria” reforma al PJF, especialmente al método de designación de l@s ministr@s de la Corte. No debemos perder de vista que, en este sexenio ya tuvo lugar una reforma, inclusive de rango constitucional, al Poder Judicial de la Federación.

Ésta fue bautizada por el ministro Zaldívar como: “La gran reforma judicial en los últimos 30 años”. En efecto, a finales de 2019 el entonces presidente de la Corte, expresó que iniciaría el diálogo para la reforma al PJF en el Senado de la República; para posteriormente, en febrero de 2020, anunciar que el presidente de la República haría suyo el proyecto de reforma en materia judicial, lo que finalmente se consumó; es decir, en todo momento el presidente AMLO estuvo al tanto del alcance de la modificación y participó activamente en ella.

La propuesta inicial comprendía la reforma de 7 artículos de la Constitución federal; la de 5 ordenamientos federales, y la expedición de 2 nuevas leyes. Sin embargo, llama mucho la atención que la iniciativa no planteó la modificación al sistema de nombramientos de ministr@s, ni cambios sustanciales relacionados con el órgano de gobierno del PJF. Este dato objetivo deja de manifiesto que, en aquel momento, una modificación en el mecanismo de designación de ministr@s, magistrad@s y juezas(ces) no era para el Poder Ejecutivo, ya no solo un elemento sustancial, sino ni siquiera medianamente importante como para integrarlo a la agenda de política judicial.

Teniendo en cuenta este elemento objetivo y el timing político en que se está posicionando el tema, me parece que no le debería extrañar al presidente AMLO que lo que hoy nos presenta en las mañaneras como una “necesaria” modificación al método de designación de ministr@s para acercar la justicia a la gente, en realidad sea entendido por un amplio sector de la sociedad mexicana, como una ola de ataques al PJF, especialmente a la SCJN, con el objetivo de debilitar el control que ésta ejerce sobre Legislativo y Ejecutivo por mandato de la Constitución.

Y es que, acudiendo al timing político del tema, llama poderosamente la atención que la urgente legitimación popular que busca el presidente AMLO para la elección popular de ministr@s, surja en el momento en que el Pleno de la SCJN ha estado discutiendo y votando diversos asuntos de la mayor relevancia para el proyecto político de la 4T con resultados judiciales que no le han favorecido.

¿Por qué hasta ahora y no en 2019?