Claudia Bolaños
La diputada federal Laura Ballesteros Mancilla, vicecoordinadora del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano (MC), manifestó su preocupación de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no haya abordado, durante su última sesión, la acción de inconstitucionalidad 49/2021 promovida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), que impugna el carácter automático de la prisión preventiva oficiosa.
Durante una conferencia de prensa realizada en el contexto de la Comisión Permanente en el Senado, la diputada repasó los principales argumentos: esta medida cautelar afecta derechos fundamentales como la presunción de inocencia, la libertad personal y el debido proceso. Además, recordó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) ordenó que esta figura no se aplicara hasta que la SCJN emitiera un fallo definitivo.
Ballesteros hizo un enérgico llamado a los nuevos integrantes del máximo tribunal para que establezcan con urgencia un plazo y fecha para discutir el asunto, evitando que más personas vean vulnerados sus derechos. Afirmó que “60 % de las personas en prisión no cuentan con sentencia”, y que la figura de la prisión preventiva oficiosa solo profundizaría esta situación de injusticia.
En ese sentido, anunció que MC está promoviendo una reforma constitucional para que esta medida se aplique conforme a los estándares internacionales en materia de derechos humanos y no de forma automática.
Finalmente, subrayó que Movimiento Ciudadano no abandonará la exigencia de garantizar que las personas en México tengan acceso a la justicia.
La figura de la prisión preventiva oficiosa ha sido ampliamente criticada por organizaciones nacionales e internacionales por su carácter automático y por violar derechos fundamentales. La Corte Interamericana de Derechos Humanos la declaró incompatible con estándares internacionales .
La SCJN enfrenta una presión creciente para resolver este tema antes de su reestructuración de septiembre de 2025. Existen al menos dos proyectos clave en discusión: uno para desactivar el artículo 19 constitucional y otro para reinterpretar “oficiosa” como no automática.
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