Responsabilizan al estado por los niños armados en Chilapa 

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Tras la presentación de niños con armas para utilizarlos como defensas de pueblos guerrerenses, Gonzalo Molina González, vocero de la Policía Comunitaria de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC-PC), consideró que el Estado mexicano es el responsable de orillar a esta situación a la comunidad de Chilapa, en tanto que la Red en Defensa por los Derechos de la Infancia en México (Redim), consideró un crimen reclutar así a los pequeños.

En conferencia de prensa en la Ciudad de México, el activista Gonzalo Molina arguyó que ésta es una determinación del pueblo para enfrentar a la delincuencia organizada debido a que, afirmó, las fuerzas de seguridad están coludidas. 
“Es la responsabilidad del Estado al no dar seguridad en los pueblos y al permitir que se generen todo este tipo de grupos delincuenciales está ya ocasionando estas cosas”, declaró Molina.

“Los niños tienen que crecer con su infancia, desgraciadamente ante esta situación a veces no queda otra alternativa, los ancianos también tienen que vivir su tercera edad, sin embargo, algunos están ahí de policías comunitarios enfrentando a la delincuencia, ofrendando incluso su vida por el bien de toda la comunidad”, dijo.

Molina subrayó que ésta fue una decisión de la casa de justicia de esa zona, la cual es respetada por las demás comunidades. 
“Respetamos su autonomía de esa casa, si ellos lo han determinado así, lo respetamos”, expresó.

“No podemos oponernos porque es una región donde también tiene su casa de justicia y, si ellos lo determinaron así, tiene que haber un acta de acuerdo donde están haciendo eso”.

Asimismo, descartó que existan o se tenga contemplado armar a más niños en las policías comunitarias de otras zonas.

El miércoles, integrantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de los Pueblos Fundadores (CRAC-PF) de la comunidad de Alcozacán del Municipio de Chilapa presentaron a un grupo de niños como nuevos miembros de esta organización.

Por su parte, Juan Martín Pérez, director ejecutivo de Redim, expuso que “La ley impide involucrar a niñas y niños en actividades que les coloquen en riesgo”, además de señalar que “independientemente del contexto de violencia y desesperación, son actos de reclutamiento que pueden configurar delitos como trata, corrupción de menores y explotación”.

Pérez señaló que “la mejor forma de protegerles frente a los hechos de crimen que se están desarrollando y creciendo en el entorno de Guerrero es involucrándolos desde otros lugares, alejándolos de la violencia”.