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SCJN aplaza discusiones clave sobre fideicomisos y prisión perpetua
Nación
En una sesión marcada por aplazamientos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidió posponer dos debates importantes: la constitucionalidad de la extinción de fideicomisos y un amparo contra la prisión perpetua en Chihuahua. Ambas decisiones quedaron pendientes sin una fecha definida para su reanudación.
El Pleno de la Corte inició el análisis del proyecto presentado por el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, que busca invalidar parcialmente el decreto de noviembre de 2020 que eliminó 109 fideicomisos, medida impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador para financiar la compra de vacunas contra el COVID-19.
El proyecto de Gutiérrez propone restaurar algunos de los fondos eliminados, entre ellos el Fondo de Desastres Naturales (Fonden), el Fondo contra el Cambio Climático, el Fondo para Atención a Víctimas y el Fondo de Inversión y Estímulos del Cine (Fidecine). Sin embargo, la discusión se aplazó a petición de la ministra Yasmín Esquivel Mossa, quien solicitó más tiempo para analizar un memorándum de la Procuraduría Fiscal de la Federación recibido el mismo día.
Este retraso genera incertidumbre, ya que el proyecto requiere una mayoría calificada de ocho votos de los 11 ministros para ser aprobado. La situación se complica debido al retiro inminente del ministro Luis María Aguilar Morales, previsto para el 30 de noviembre, lo que reducirá el Pleno a 10 integrantes.
También quedó en pausa la discusión de un amparo directo contra la prisión vitalicia en Chihuahua, presentado por Juan Carlos Gámez Bernal, quien cumple esta condena por el homicidio de cuatro personas en un bar de Chihuahua en 2011.
El proyecto, también elaborado por el ministro Gutiérrez Ortiz Mena, propone declarar inconstitucional la prisión perpetua prevista en el artículo 127 del Código Penal de Chihuahua, argumentando que esta pena excede los estándares de proporcionalidad y derechos humanos. De aprobarse, se ordenaría dictar una nueva sentencia que no supere los 50 años de prisión.
El ministro Alberto Pérez Dayán solicitó más tiempo para estudiar el caso, dejando también esta discusión en lista de espera.
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JM/CR
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