Sheinbaum: entre la justicia y la diplomacia

La carta enviada por Ismael Zambada García al Consulado de México en Nueva York es, sin duda, un documento explosivo. En ella, no solo reclama asistencia consular, sino que exige su repatriación inmediata y la nulidad del proceso penal en su contra en los Estados Unidos. La pregunta es inevitable: ¿hasta dónde debe llegar el Estado mexicano para defender a uno de sus ciudadanos, sin comprometer su imagen ni la relación bilateral con Washington?

Esta misiva es una jugada magistral en el ajedrez político y jurídico. No es la petición improvisada de un acusado común, sino una estrategia cuidadosamente diseñada con argumentos bien estructurados y un conocimiento profundo del derecho internacional. Denota el nivel de asesores que rodean a Zambada García y los intereses que se mueven a su alrededor. Cada párrafo busca presionar al gobierno mexicano para que intervenga, pero sin caer en exigencias imposibles.

El gran reto para el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum y su canciller Juan Ramón de la Fuente, es actuar con firmeza para proteger la soberanía nacional, sin parecer indulgente con alguien vinculado a la estructura criminal más poderosa del país. ¿Cómo encontrar el equilibrio entre la defensa de los derechos humanos y el combate frontal al crimen organizado?

La solicitud de Zambada tiene un sustento jurídico que no puede ser ignorado. Alega que su traslado a EE.UU. ocurrió sin un proceso de extradición formal, lo que podría violar el Tratado de Extradición de 1978. También invoca la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, el Pacto de San José y el caso Avena de la Corte Internacional de Justicia, que obligó a EE.UU. a revisar condenas de mexicanos que no recibieron asistencia consular.

No obstante, su estrategia enfrenta serios obstáculos. Recordemos el caso de Humberto ÁlvarezMachaín, quien fue secuestrado en México por agentes estadounidenses en 1990 y trasladado a Texas sin un proceso de extradición. Aunque la Suprema Corte norteamericana validó su juicio, el caso generó tensiones diplomáticas y llevó a la negociación del Tratado de Prohibición de Secuestros Transfronterizos de 1994, que nunca fue ratificado y, por lo tanto, carece de aplicabilidad obligatoria. Este precedente sentó jurisprudencia estadounidense al establecer que un traslado irregular no invalida la jurisdicción de sus tribunales. ¿Cómo responderá México ante este argumento?

La cancillería mexicana está obligada a jugar con cautela. La exigencia de garantías para que Zambada no sea condenado a la pena de muerte es una acción justificada y diplomáticamente viable. Pero solicitar su repatriación inmediata o la anulación del juicio podría desatar una crisis con Washington. Por su parte, la FGR enfrenta un dilema distinto. Si efectivamente hubo un traslado ilegal, su obligación es investigar cómo ocurrió, quiénes participaron y qué mecanismos fueron violados. Veamos qué informa hoy, el Fiscal Alejandro Gertz Manero.

El gobierno de México debe actuar con inteligencia, exigir información oficial a EE.UU. sobre el traslado de Zambada García, como una jugada estratégica que no compromete la relación bilateral ni genera una crisis diplomática. También es clave garantizarle asistencia consular plena, sin que ello implique un respaldo a su petición de repatriación.

Si la presidenta Sheinbaum maneja este caso con prudencia, podrá reforzar la soberanía nacional sin enemistarse con Washington. Pero si se equivoca, podría abrir una caja de Pandora con consecuencias impredecibles. ¿Qué camino tomará?

ENTRE GITANOS.

DE BICIS ELÉCTRICAS, MOTOPATINES Y RADARES

Diputadas y diputados de Morena en el Congreso de la CDMX anunciaron la regulación de bicicletas eléctricas y motopatines, que actualmente circulan sin restricciones e invaden zonas peatonales y ciclovías. Junto con la implementación de radares móviles para detectar vehículos con multas pendientes, se busca ordenar la movilidad en la capital. Sin embargo, si dichos radares se enfocan únicamente en los autos capitalinos, podría sentirse como una cacería que incentive la migración de placas a otros estados. Los automovilistas de la CDMX merecen un respiro.

*Especialista en Ciencia Política y Gobierno.

avilezraul@hotmail.com