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Sheinbaum presenta ‘Plan B’: va por poner tope a salarios y recursos a Congresos locales
Nación
Por Elia Cruz Calleja
Luego de que fue rechazada por la Cámara de Diputados su propuesta inicial, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó su Plan B en materia electoral que contempla reducir los privilegios poniendo tope de salarios de funcionarios como los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), así como el recurso destinado a los Congresos locales, y la reducción a un máximo de 15 regidores por Ayuntamiento. La cual será enviada este martes al Senado de la República.
Durante la conferencia de prensa mañanera de este 17 de marzo, la presidenta expresó que aunque su propuesta inicial no fue aprobada, ella seguirá insistiendo en reducir los privilegios de los partidos y sus dirigentes, en tanto, dijo que el Plan B exigirá transparencia de los recursos públicos al Senado de la República, eliminación de los privilegios y se pone límites al número de regidores y el presupuesto excesivo de diputados locales.
En tanto, Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación (Segob), explicó que el Plan B plantea una reforma constitucional tiene como objetivo disminuir los privilegios excesivos que hay en la función pública, lo que permitirá reducir los costos y cumplir con la austeridad republicana que aplica la Cuarta Transformación, además de dos reformas a leyes secundarias: La ley general de instituciones y procedimientos electorales y la ley general de partidos políticos.
Explicó que en el caso de los municipios, se plantea la reducción del número de regidurías que tienen, podrán tener de entre siete y 15 como máximo. Lo cual se pondrá en marcha a partir del próximo año, es decir, en 2027 ya no podrán tener 16 o más regidores por municipio, lo que permitirá ahorros en el gasto corriente. Asimismo, informó que se plantea que los municipios sólo podrán tener un síndico, porque hay casos en los que hay hasta cinco.
Respecto a la reforma constitucional, en la que se incluye poner a los Congresos locales señaló que se aplicará un tope presupuestal equivalente al 0.70 por ciento del presupuesto de egresos de cada entidad federativa. Este monto por ningún motivo puede ser superior, advirtió.
Reiteró también que los recursos que se tendrán de ahorro serán utilizados en obras de infraestructura pública de los propios municipios y las entidades federativas.
Asimismo, dijo que pese a que ya está establecido en la Ley de Remuneraciones, se incluirá que ningún funcionario público gane más que la presidenta, lo que abarcaría a consejeros electorales federales y locales, magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Además de que se acabará con los bonos, seguros de gastos médicos mayores, todo tipo de seguros y así como ingresos adicionales.
Asimismo el Senado de la República también tendrá una reducción del gasto de manera progresiva hasta llegar a 15 por ciento.
“Esta reforma responde a los retos actuales de nuestra nación y como lo dijimos en otro momento, continuaremos trabajando para construir un país más justo, equitativo y democrático. Este gobierno se ha comprometido en todo momento en ampliar los derechos democráticos y en ese sentido seguiremos avanzando. En resumen, esta reforma va por menos privilegios y más participación”, subrayó.
Sobre el tema de la revocación de mandato que también se incluye en la reforma constitucional, indicó que se plantea que esta pueda realizarse el tercer o cuarto año de gobierno de la persona que ocupe la Presidencia de la República, lo cual dependerá de cuándo se solicite. En el caso de la presidenta Sheinbaum esta podría darse en 2027 o 2028, como se establece en este momento en la Constitución.
Sobre las leyes secundarias, detalló que en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales se plantea la reforma al artículo 31 en la que se proponer un tope en las remuneraciones de los consejeros y altos funcionarios del Instituto Nacional Electoral; al artículos 99 para que también haya tope a las remuneraciones de los consejeros y altos funcionarios de los Organismos Públicos Locales Electorales (PLEs), es decir, los institutos electorales locales.
Asimismo, se busca la reforma del artículo 104 y 310 para indicar que los cómputos de la elección federal se inicie a la conclusión de la jornada electoral con el primer paquete que llegue y no esperar tres días para empezar, lo que dijo, garantizará mayor certeza y menor posibilidad de que sea manipulado.
Además, plantea poner tope a las remuneraciones de los magistrados y altos funcionarios de los Tribunales Electorales Locales. Asimismo, la reforma del artículo 192 para establecer convenios con diferentes autoridades en materia de fiscalización, por ejemplo la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Y finalmente también el artículo 192 para establecer el uso de la tecnología para tener mejor fiscalización de los recursos.
Sobre la reforma a la Ley General de Partidos Políticos, el Plan B de la presidenta contempla modificaciones al artículo 30 para que éstos tengan la obligación de transparentar las remuneraciones de los dirigentes de los partidos. Al artículo 50 que establece la obligatoriedad a los partidos para reportar sus operaciones financieras en tiempo real a través un sistema bancarizado.
Además, plantea modificaciones al artículo 51 para poner tope a las remuneraciones a mil 500 Unidades de Medida (UMAs), que es lo equivalente al salario de la presidenta. Esto pese a que ya existe y está establecido en la Ley de Remuneraciones. Mismo que la presidenta admitió que nadie la cumple.
También indica reforma al artículo 54 que establece una prohibición de uso de recursos de procedencia ilícita o de origen no comprobable. Y finalmente también plantea la prohibición de usar recursos del extranjero y aportaciones en efectivo.
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M/CR
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