En una reciente y sorprendente solicitud, el abogado de Genaro García Luna ha solicitado al juez federal Brian Cogan aplazar las fechas límite para presentar argumentos en un intento por anular o modificar el caso. La defensa argumenta que nuevos testigos, incluidos ex funcionarios mexicanos y estadounidenses, han surgido con posible evidencia que podría beneficiar al acusado.
En una carta dirigida al juez Cogan, César de Castro ha detallado la necesidad de aplazar las fechas límite para presentar mociones posjuicio antes de la anunciada condena penal, programada actualmente para el 27 de septiembre.
De Castro ha informado que ya habían solicitado un aplazamiento previo, ya que después del veredicto emitido en febrero, "varios individuos, incluidos ex funcionarios de seguridad pública mexicanos y estadounidenses, se han puesto en contacto con nosotros proporcionando potencial evidencia nueva favorable a la defensa". Esta nueva evidencia podría ser fundamentada para solicitar un nuevo juicio.
Además, la defensa ha recibido en el último mes miles de páginas de documentos, así como archivos de video y audio, que potencialmente podrían ser relevantes en el caso. Muchos de estos materiales están relacionados con la seguridad pública y gran parte está en español.
Ante esta situación, se solicita el aplazamiento de las fechas para presentar las solicitudes posjuicio por varios meses, iniciando el 15 de diciembre en lugar de la próxima fecha del 7 de julio, y posponiendo el anuncio de la condena penal del 27 de septiembre al 1 de marzo de 2024.
Es importante recordar que Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad Pública, fue declarado culpable de cinco cargos criminales por un jurado en el Tribunal Federal del Distrito del Este de Nueva York el 21 de febrero pasado, después de un juicio que duró cuatro semanas. Los cargos incluyen participación en una empresa criminal continua, conspiración de distribución internacional de cocaína, conspiración para distribuir cocaína, conspiración para importar cocaína a Estados Unidos y hacer declaraciones falsas a las autoridades.
El pedido de aplazamiento presentado por la defensa plantea un nuevo giro en este caso que ha capturado la atención de la opinión pública. La posible aparición de nuevos testigos y evidencia desafía el veredicto anterior y plantea interrogantes sobre la validez del juicio. Será responsabilidad del juez evaluar la solicitud y decidir si es pertinente conceder el aplazamiento y permitir la introducción de nueva evidencia.
Este desarrollo inesperado demuestra la complejidad y las implicaciones políticas que rodean al caso García Luna, destacando la importancia de un sistema judicial imparcial y transparente para asegurar la justicia y la equidad en todos los procesos legales.