La Ciudad de México volverá a experimentar un ajuste en las tarifas del transporte público concesionado, específicamente en las modalidades de ruta y corredor. El incremento será de 1.50 pesos respecto al costo vigente y entrará en vigor una vez que sea publicado en la Gaceta capitalina. La disposición establece que los concesionarios deberán colocar la nueva tarifa de manera visible en sus unidades, bases y terminales; de lo contrario, el aumento no tendrá efecto. El mensaje del gobierno es claro: no más cobros sin transparencia. Pero la pregunta de fondo persiste: ¿qué gana la ciudadanía a cambio de pagar más?
Las nuevas tarifas quedan de la siguiente forma: para microbuses y vagonetas, 7.50 pesos para los primeros 5 kilómetros; 8.00 pesos entre 5 y 12 kilómetros; y 9.00 pesos para trayectos mayores a 12 kilómetros. En el caso de los autobuses, 8.50 pesos para los primeros 12 kilómetros y 9.50 pesos para trayectos superiores. Los corredores mantendrán una tarifa única de 9.50 pesos. En papel, el ajuste parece moderado si se compara con otras entidades del país donde el transporte puede costar el doble. Sin embargo, el gran reto no es el precio, sino la calidad.
El transporte concesionado en la CDMX arrastra problemas crónicos: unidades viejas, falta de mantenimiento, operadores mal capacitados, incidentes viales frecuentes y zonas donde el servicio es deficiente o inexistente. Los usuarios no solo pagan por moverse; pagan por incomodidades, riesgos y tiempos de traslado impredecibles. La ciudad ha avanzado en la modernización de algunos corredores y en la sustitución de microbuses, pero el proceso es lento y desigual.
El incremento debe ir acompañado de un compromiso real con la mejora del servicio. Es insuficiente exigir que las tarifas se exhiban; lo verdaderamente urgente es que se fiscalice el estado mecánico de las unidades, la capacitación de los operadores y el cumplimiento de rutas. El usuario no puede seguir financiando un modelo que ha demostrado ser insuficiente y, en ocasiones, peligroso.
Además, es necesario recordar que gran parte de quienes utilizan este transporte son trabajadores que ganan salarios limitados. Un aumento sostenido en el costo de movilidad impacta directamente en su economía. El gobierno tiene el deber de equilibrar las necesidades de los concesionarios con el derecho a una movilidad digna y accesible para la ciudadanía.
El alza está anunciada. Ahora el reto es mayor: que el transporte público concesionado deje de ser sinónimo de precariedad y se convierta en un servicio que realmente cumpla su función social. Porque si la tarifa sube, también deben subir los estándares. De lo contrario, solo estaremos pagando más por lo mismo.
¿Y tú, seguirás utilizando el transporte público o utilizarás los proporcionados por el Gobierno de la CDMX? Me interesa tu opinión, escríbeme en redes sociales, estoy como @federicoreyestv