Trabajadores de gasolinera en Coapa denuncian hostigamiento y violación de acuerdos sindicales

Trabajadores y trabajadoras sindicalizadas de la gasolinera G500, ubicada en Calzada de Tlalpan #3039, Colonia Santa Úrsula Coapa, alcaldía Coyoacán, acusaron a la gerencia de falta de acuerdos, acoso y hostigamiento.

Lo anterior se debe a que, desde el 30 de marzo de 2022, el Sindicato Nacional de Trabajadores de Servicios Casas Comerciales y Expendios Similares y Conexos de la República Mexicana (SINTRACC) comenzó una huelga por faltas al contrato colectivo de parte de la gerente Gabriela López y el dueño Tomás Puebla Salazar.

Posteriormente, la gerencia y directiva llegaron a un acuerdo con los trabajadores de SINTRACC para reiniciar labores el 17 de mayo pasado; sin embargo, los sindicalizados acusan de que no han cumplido con el contrato, desde entonces los empleados, principalmente las mujeres, han sido hostigadas y acosadas.

“Se nos ha limitado la manera de trabajar. Te están vigilando cuantas veces vas al baño, no puedes platicar con los compañeros, no puedes moverte de tu lugar, es como si fueras un equipo más de la estación”, afirmó una empleada (que pidió el anonimato), asimismo dijo que trabaja desde hace 4 años en la estación de la gasolinera.

Explicó que, desde la gerencia, se ha limitado en la manera de recibir las propinas, así como en la negación de las utilidades que debieron recibir como trabajadores.

“Nos fueron limitando los monederos electrónicos, lo que merma la entrada de nuestras propinas. Nosotros ya teníamos ganadas las utilidades del año pasado, tuvimos que haberlas recibido y casualmente, en 20 años, es la primera vez que se recibe una caratula en ceros, mediante eso no podemos hacer gran cosa. Nos quedamos sin utilidades”, afirmó la trabajadora en entrevista para ContraRéplica.

Esta empleada, quien forma parte del comité sindical que representa a los sindicalizados, asegura que la gerencia se ha negado a pagar los tres primeros días de incapacidad de los compañeros, como lo estipula el contrato colectivo.

“El contrato colectivo dice que nosotros trabajamos como despachadores y eso está marcado en el artículo 32 de los Salarios Mínimos, donde esta estipulado lo que nosotros tenemos que hacer (…)”; sin embargo, cuenta la sindicalizada, la gerente Gabriela López los instruye a realizar funciones que no les corresponde.

Por su parte, otra trabajadora de la despachadora G500, ubicada Sta. Úrsula Coapa, afirmó que la gerente López los acosa a través de fotografías sin su consentimiento.

“Nos toman fotografías. Si estas ‘en bolita’ ya te tomaron la fotografía, porque eso no lo pueden hacer. En una ocasión salí a atender una llamada importante de mi familia y tuve la mala suerte de que me viera la gerente y me acusó de no estar en mi lugar de trabajo y de desentenderlo”, sostuvo la trabajadora.

Aseveró que, en el caso de las mujeres, “no tenemos acceso para entrar al baño, tenemos que pedir permiso para pasar al baño. En algún momento nos restringían el acceso para entrar y solo podrías ingresar dos veces (contando las ocasiones para cambiarte de ropa”, dijo la segunda trabajadora que ha denunciado este tipo de actos.

También acusó al vigilante de acosar a las trabajadoras, ya que pedía que las saludaran “de beso” para dejarlas pasar o pagar 5 pesos, de lo contrario se les negaba el acceso.

Salvador Arellano Ayala, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de Servicios Casas Comerciales y Expendios Similares y Conexos de la República Mexicana (SINTRACC), afirmó que la dirección y la gerencia rompieron con el acuerdo que llegaron para levantar la huelga.

De acuerdo con el perfil de Linkedin, Tomás Puebla Salazar se identifica como director general en Industrias del Maíz Puebla S.A. De C.V., quien también es dueño de la gasolinera G500 que se ubica en Sta. Úrsula Coapa y cuya razón social es Servicios Santa Úrsula S.A. De C.V.

Por lo que, a partir del 17 de mayo de este año, los trabajadores han sido amedrentados por la gerencia, así lo explica Arellano Ayala, secretario general de SINTRACC.

“El número de trabajadores que son sujetos de este contrato son 40, los que están de acuerdo con la huelga son 31, los otros nueve son gente que ha metido la empresa durante la pandemia”, informó.

En ese sentido, Arellano Ayala, quien además es represéntate legal del sindicato pide a la directiva que se respete el acuerdo que se ha levantado a través de un acta, ya que Tomás Puebla Salazar ha llamado a sus propios trabajadores “muertos de hambre”.

“Todas las clausulas del acuerdo están en el rango de derecho colectivo”, afirmó Arellano Ayala, quien dijo que los concesionados no han cumplido con los trabajadores.