El Tribunal de Disciplina Judicial aseguró que existe respeto absoluto a la independencia de las personas juzgadoras y que sus decisiones jurisdiccionales no serán objeto de sanción, pues este órgano solo interviene en casos de faltas administrativas o conductas indebidas.
Así lo señalaron la magistrada presidenta Celia Maya García y el magistrado Rufino H León Tovar durante su participación en la Convención Anual de la Asociación Nacional de Abogados de Empresas en Puebla.
Las autoridades del TDJ destacaron que el propósito central del órgano es combatir posibles actos de corrupción dentro de los tribunales, atender el rezago en asuntos pendientes y fortalecer la confianza ciudadana en el Poder Judicial. Subrayaron que la reciente reforma judicial busca que la ciudadanía encuentre en los órganos de justicia imparcialidad, independencia y resoluciones libres de presiones.
Celia Maya indicó que las garantías de la función jurisdiccional son intocables y que la labor del Tribunal se centra en verificar que las conductas de los jueces se apeguen a la ley. Pidió a la ciudadanía y a la comunidad jurídica tener confianza en el trabajo del TDJ, cuyos integrantes, afirmó, mantienen el compromiso de fortalecer un Poder Judicial más eficiente e independiente.
El magistrado León Tovar enfatizó que el Tribunal de Disciplina Judicial actúa con estricta legalidad y sin vínculos con intereses partidistas, gubernamentales o políticos. Explicó que entre sus atribuciones están supervisar la conducta de las personas juzgadoras, evaluar la carrera judicial y resolver controversias laborales dentro del Poder Judicial.
Recordó que el TDJ cuenta con facultades para realizar investigaciones y aplicar sanciones cuando la conducta de algún juzgador se aparte de la ley, siempre bajo el respeto al debido proceso y a las garantías legales. Afirmó que la autonomía jurisdiccional no será vulnerada.
Ambos magistrados señalaron que el Tribunal mantiene las puertas abiertas a asociaciones de abogados para recibir propuestas que contribuyan a mejorar la atención en los juzgados, impulsar mecanismos alternativos de solución de conflictos y reducir el rezago en la resolución de asuntos.