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Tump despliega marines en Los Ángeles ante protestas por redadas migratorias; estudia invocar la Ley de Insurrección
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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó el despliegue de 700 marines en la ciudad de Los Ángeles como medida de seguridad ante las protestas derivadas de las recientes redadas migratorias. Según confirmó el comandante de la Infantería de Marina, Eric Smith, los efectivos no han intervenido en las manifestaciones y su misión se limita a proteger edificios y funcionarios federales.
Pese a que los marines han recibido entrenamiento para el control de multitudes, no cuentan con facultades legales para realizar arrestos. La acción ha generado fuertes tensiones, ya que se llevó a cabo sin la autorización del gobernador de California, Gavin Newsom, rompiendo un precedente de seis décadas respecto al despliegue de fuerzas federales en ese estado.
Además de los marines, Trump ha autorizado la movilización de cuatro mil elementos de la Guardia Nacional de California, lo que ha incrementado la presión entre el gobierno federal y las autoridades estatales. El martes, el estado de California solicitó de manera urgente al Tribunal del Distrito Norte una orden para frenar la expansión de esta misión federalizada. Sin embargo, el juez Charles R. Breyer rechazó la solicitud, aunque convocó a una audiencia el jueves para analizar los argumentos de ambas partes.
La presencia militar ha avivado el malestar social en Los Ángeles, donde los manifestantes exigen la retirada inmediata de las tropas y de los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), a quienes responsabilizan de abusos durante las redadas.
En este contexto, el presidente Trump declaró públicamente que no descarta activar la Ley de Insurrección, una legislación vigente desde 1807 que le otorga poder para utilizar al Ejército en la contención de disturbios civiles. “Si esto se convierte en una insurrección, sin duda la invocaría. Veremos qué sucede, pero las últimas noches han sido terribles”, declaró el mandatario en una conferencia en la Casa Blanca.
La posibilidad de aplicar dicha ley ha generado preocupación entre defensores de derechos humanos y sectores políticos, que advierten sobre una escalada de militarización en el tratamiento de asuntos civiles y migratorios. El debate legal y político sobre el despliegue federal se intensificará en los próximos días conforme se desarrolle la audiencia judicial y continúen las manifestaciones en las calles.
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JM/CR
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