Urge crear organismo público que proteja las áreas protegidas de la CDMX

Columnas martes 19 de mayo de 2026 -

Nuestra Constitución local señala que la Ciudad debe contar con un sistema de Áreas Naturales Protegidas administrado por un organismo público específico, con participación ciudadana.

Sin embargo, a casi nueve años de la entrada en vigor de nuestra Constitución, ese organismo simplemente no existe.

Y mientras seguimos postergándolo, nuestras áreas naturales enfrentan abandono, invasiones, tala ilegal, incendios, contaminación y pérdida de biodiversidad.

Cuando hablamos de la Ciudad de México solemos pensar en concreto, tráfico y edificios.

Pero esta capital también tiene bosques, humedales, barrancas, cerros y reservas ecológicas que son fundamentales para la vida de millones de personas.

Ahí están el Desierto de los Leones, los Dinamos, Xochimilco, la Sierra de Guadalupe, el Bosque de Tlalpan, Chapultepec y muchas otras zonas que hoy sobreviven gracias al esfuerzo de comunidades, ambientalistas y especialistas, muchas veces sin el respaldo institucional suficiente.

Estas áreas naturales no son un lujo.

Son esenciales para la recarga de agua, para la captura de carbono, para regular la temperatura, para limpiar el aire y para enfrentar el cambio climático, en resumen: son los pulmones de nuestra Ciudad.

Por eso, presente una iniciativa en el congreso que propone crear la Comisión de Áreas Naturales Protegidas y Áreas de Valor Ambiental de la Ciudad de México.

Un organismo desconcentrado de la Secretaría del Medio Ambiente, con autonomía técnica, encargado específicamente de la administración, vigilancia, manejo y conservación de nuestras áreas naturales protegidas.

Lo que proponemos es fortalecer institucionalmente una función que hoy ya existe, pero que necesita mayores capacidades, coordinación y herramientas para cumplir con la enorme responsabilidad ambiental que tiene nuestra ciudad.

La Comisión aprovechará la estructura actual, pero permitirá consolidar políticas públicas de largo plazo, con participación ciudadana, respaldo técnico y coordinación con alcaldías, academia, comunidades y sociedad civil.

También incorpora algo fundamental: la participación social y comunitaria.

Porque nadie conoce y protege mejor estos espacios que quienes viven cerca de ellos y los han defendido durante años.

A veces se habla de medio ambiente como si se tratara de un futuro, pero habla sobre este tema es tratar el presente.

Cada temporada de calor extremo, cada crisis de agua, cada incendio forestal y cada contingencia ambiental nos recuerdan que no podemos seguir reaccionando tarde.

Una ciudad que entiende que el desarrollo y la protección ambiental no son enemigos.

Que entiende que cuidar nuestras áreas verdes es cuidar la salud, la seguridad hídrica y la calidad de vida de millones de capitalinos.

Esto es un mandato constitucional, es decir, tenemos la obligación de cumplir con nuestra Constitución.

Aquí hay un mandato constitucional claro desde 2017 y, aun así, han pasado años sin que exista el organismo que la propia Constitución ordena crear.

Porque si quienes hacemos las leyes no somos capaces de respetar nuestra propia Constitución, entonces difícilmente podemos exigirles a los ciudadanos que crean en nuestras normas, en nuestras reformas o en nuestras instituciones.

No podemos seguir hablando de sustentabilidad, de cambio climático y de derecho a un medio ambiente sano mientras dejamos congeladas las herramientas institucionales necesarias para proteger nuestras áreas naturales.

Ya no caben los pretextos, la obligación existe; el mandato constitucional existe, y la necesidad ambiental es urgente.