Urge descriminalizar a México

Columnas miércoles 21 de enero de 2026 -

Hablar de descriminalización en México exige, de inicio, una precisión conceptual: descriminalizar no significa promover la impunidad ni renunciar al Estado de derecho, sino revisar de manera profunda qué conductas deben permanecer en el ámbito penal y cuáles, lejos de contribuir a la pacificación social, han fortalecido un modelo punitivista incapaz de reducir la violencia y profundamente lesivo de los derechos humanos.

El derecho penal mexicano ha crecido de forma desordenada y reactiva. Durante décadas, frente a cada crisis de seguridad, la respuesta predominante ha sido tipificar nuevas conductas, endurecer penas y ampliar facultades coercitivas del Estado. Esta lógica descansa en una premisa falsa: que más delitos y castigos más severos generan mayor seguridad. La evidencia criminológica muestra lo contrario. El punitivismo no solo fracasa en su función preventiva, sino que contribuye a reproducir dinámicas de exclusión, estigmatización y violencia institucional.

El delito no puede comprenderse aisladamente del contexto social que lo produce. Muchas conductas criminalizadas en México están estrechamente vinculadas con la pobreza, la informalidad, la exclusión estructural y la ausencia de políticas sociales eficaces. Criminalizar estas conductas equivale a penalizar la sobrevivencia, trasladando al sistema penal problemas que deberían resolverse desde el ámbito social, económico y administrativo. El resultado es un sistema saturado, selectivo y profundamente injusto.

Lo urgente para el país es poner el acento en los entornos, las relaciones comunitarias y los factores estructurales que favorecen o inhiben la violencia. Desde este enfoque, la seguridad no se construye mediante la amenaza del castigo, sino a través del fortalecimiento del tejido social, la reducción de desigualdades y la garantía efectiva de derechos. La expansión del derecho penal, lejos de generar cohesión social, erosiona la confianza en las instituciones y normaliza la violencia estatal como forma legítima de control.

Descriminalizar implica, por tanto, una revisión ética y jurídica del papel del derecho penal en una sociedad democrática. Significa reconocer que no todas las conductas socialmente problemáticas, e incluso algunas violentas, deben resolverse mediante el castigo penal y que el uso excesivo de la prisión ha demostrado ser ineficaz como mecanismo de reinserción y prevención.

Desde la cultura para la paz, la descriminalización se articula con una visión distinta del conflicto social. No se trata de negar el daño ni de invisibilizar a las víctimas -todo lo contrario-, sino de colocar su reparación y dignificación en el centro de la respuesta estatal. La justicia restaurativa, la mediación penal y los mecanismos alternativos de solución de conflictos ofrecen vías más humanas y eficaces para atender el daño, responsabilizar al infractor y reconstruir el vínculo social.

Urge descriminalizar a México porque el modelo punitivista ha fracasado. Persistir en él no solo profundiza la violencia, sino que debilita la legitimidad del Estado y erosiona el pacto social. Avanzar hacia una política criminal garantista y orientada a la paz exige valentía política y claridad conceptual: menos castigo simbólico y más justicia sustantiva; menos cárcel y más derechos; menos criminalización y más humanidad. De ello depende una paz duradera sustentada en la dignidad de las personas.